El abogado Leopoldo Zeissing estuvo ausente, sin enviar alguna justificación. En respuesta a la solicitud del Ministerio Público (MP), el juez del caso Eduardo Cojulun emplazó para que en 24 horas el abogado responda el motivo de su inasistencia.
“Aquí expusieron todos los abogados. Unos pidieron que sea separada a la Cicig del proceso, pero lo prudente es emplazar para que informe si continuará, específicamente el abogado Leopoldo Zeissing en este caso. Se fijan 24 horas para informar lo sucedido”, resolvió el juez Cojulún.
La audiencia de primera declaración comenzó ayer lunes y al fiscal Hugo González imputó de hechos a 19 de las 21 personas señaladas en haber participado en el desvío de fondos del Transurbano para financiar las campañas presidenciales de Manuel Baldizón en 2011 y 2015. Por lo ocurrido hoy, fue suspendida la audiencia y se postergó para mañana a las 10 horas.
En este caso, 21 personas serán sindicadas de haber participado en una organización que desvió Q6.5 millones del servicio Transurbano que terminó como financiamiento para las campañas presidenciales de Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos.
Los alegatos de los defensores que exigían la salida del caso del representante de la Cicig ocurrieron en el piso 14 de la Torre de Tribunales.
También en el caso Génesis
En el Tribunal de Mayor Riesgo B, que preside Jeannet Valdés, la mandataria de la Cicig, Leidy Santizo también estuvo ausente.
A diferencia de Zeissing, la abogada Santizo envió un memorial para ausentarse y que se suspendiera el debate.
La justificación de Santizo se centró a los “acontecimientos políticos” que atraviesa el país y a las acciones legales -amparos- interpuestos en la Corte de Constitucionalidad (CC) que pretenden revertir la decisión del gobernante Morales de terminar el acuerdo de la Cicig.
Las juezas Valdés, María Castellanos y Elia Perdomo, por unanimidad, le aceptaron la excusa para estar ausente aunque declararon sin lugar el aspecto para detener el juicio.
“No es prudente. La abogada Santizo está como querellante y no se puede interrumpir el debate”, resolvieron.
Entonces, continuaron los alegatos. Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) explicó que no había tenido comunicación con la abogada Santizo.
Sigue el debate
En el Tribunal se conocieron los incidentes de la defensa. Que no se conociera un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que ya fue rechazado; la exclusión del testimonio de los campesinos Benancio Quib Pop, Calixto Chu Pop, Calos y su hermano Augusto Ichich, quienes declararon en 2005 que hombres armados los amenazaron para que entregaran sus tierras.
El último incidente fue planteado por la defensa de Walter Obdulio Matta, quien aduce que jamás existió usurpación agravada de las 28 fincas en Petén.
Posturas
Matías Ponce, portavoz de la Cicig, al ser consultado por las ausencias de los abogados de la entidad, informó que se trataba de un “plan de contingencia y de seguridad” con el fin de proteger al personal.
El fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, mencionó que se haría la consulta a la fiscal General, María Consuelo Porras, acerca de la inasistencia de los representantes de la Cicig en los casos de corrupción que se discuten en las judicaturas.
Casos siguen
Debido a que la Cicig es querellante, su permanencia no impide que los casos judicializados se suspendan. El abogado penalista Miguel Torres comentó que es el ente investigador, el MP, quien lidera la investigación penal y es quien acciona. Además, es la Fiscalía la que solicita las órdenes de captura ante las judicaturas cuando avanzan las investigaciones.
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