En algunos audios, Marroquín se refiere a la espera de un reintegro del crédito fiscal de más de Q11 millones, el cual dependía de los contactos a lo interno de las instituciones gubernamentales.
Repartición
En una conversación entre Marroquín y su hijo, este le dice a su padre que en “el cuadrito” no hay congruencia, ya que, al aparecer, Marroquín recibió menos.
El hijo le pregunta a Marroquín si lo que recibe es el 11.5 por ciento, porque ve que es un poco más; pero Marroquín le aclara que es por la comisión del Banco de Guatemala.
En la escucha se revela que el 11.5 por ciento se divide en 33.33 por ciento, el cual se distribuye entre “la institución” —la SAT—, Chiquitín —Ariel Guerra, intendente de Fiscalización— y Marroquín.
Respecto de la interrogante del hijo de Marroquín sobre que algo no cuadra, este responde que habría que hacer cuentas.
“Te voy a dar el procedimiento que debés de tomar para hacer ese cuadrito, por eso es tan importante estar ordenado. Agarrá las resoluciones, porque ahí está el dato que se autorizó, no el solicitado, sino el pagado. Eso sumalo y hacés tus cálculos, el 11.5 por ciento; y luego, ya teniendo eso, agarrás los coditos y ves que sume esa cantidad, porque todo tuve que depositar…”, explica.
De acuerdo con el fiscal, cuando se refieren a la institución, es la SAT, y que del monto que se habla es de la devolución de un crédito fiscal de Q11.8 millones, el cual se habría repartido entre tres puertos y funcionarios de la SAT por la asesoría a Aceros de Guatemala y a otras empresas no establecidas.
En varias escuchas aparece Frank Trujillo Aldana, abogado de Aceros de Guatemala, quien habla con Marroquín sobre los informes que deben presentar a la Fiscalía.
En otro audio, Trujillo informa que se reunió con Ana Elena Guzmán, fiscal de Delitos Económicos, quien le dice que los informes le parecen flojos y que no cumplían con lo que un juez solicitó, que era indicar si Aceros de Guatemala había cumplido con las obligaciones tributarias.
