En lo que va de este año se registraron cinco atentados en contra de alcaldes, con saldo de dos jefes ediles y un concejal muertos.
Las últimas víctimas mortales son el alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez, y su concejal tercero, Eldin Gómez, quienes fueron ultimados este miércoles en ese municipio.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Mario Valenzuela, llamó a la calma a la población y a aceptar los resultados electorales. Lamentó que por diferencias haya problemas con los jefes ediles.
Recordó que el pilar de la democracia es lo que en las urnas votó la mayoría de ciudadanos.
También fue asesinado el jefe edil de Samayac, Suchitepéquez, Valeriano Rodríguez, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una bolsa plástica, el pasado 25 de enero.
Durante el último año se reportaron 12 atentados en contra de alcaldes, mientras el Ministerio de Gobernación brinda seguridad a 17, afirmó Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
Presión de narcos
A Escobar no le cabe duda de que los ataques en contra de los alcaldes están relacionados con presiones provenientes del narcotráfico.
“Está debilitado el Organismo Judicial, es notorio; está debilitado el Ejecutivo, está debilitado y fraccionado el Legislativo. Ahora vemos que están matando a alcaldes del interior, en municipios que son rutas de trasiego. El narcotráfico siempre ha querido operar en lugares en donde tenga libertad”, comentó.
“El primer contacto con la autoridad del estado local es el alcalde, y que estén dos años antes, que no es año electoral, eliminando candidatos, desde mi punto de vista no descartaría que es un reacomodo de poderes oscuros como el narcotráfico, para establecer un narcoestado en áreas debilitadas”, dijo Escobar.
Consultado sobre la relación del narcotráfico con los crímenes, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, admitió que algunos, “no todos”, sí pueden estarlo.
La muerte de ediles podría estar ligada a incumplimiento de compromisos contraídos durante la campaña electoral, opina el analista Édgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la democracia Social (Demos).
“Yo le di plata a usted como candidato, pero me tiene que cumplir con darme esto, o cualquier otra cosa, y luego ya no lo pueden hacer porque hay sobre las alcaldías un ejercicio que quiere transparentar procesos, y organizaciones que buscan esa transparencia y fiscalizar la función pública”, expuso Pereira.
Pesquisas confirman
Algunas de las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) sustentan la hipótesis.
Pedro Horacio Quiñónez, candidato a alcalde de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, fue asesinado el 22 de julio del 2015. Según las pesquisas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, su muerte está vinculada con integrantes de la banda Los Tumbadores, responsable de varios asesinatos y en la que participaban al menos 13 agentes de la Policía.
Carlos Daniel Aguirre, alcalde de La Libertad, Huehuetenango, fue acribillado junto a su hija, el 25 de octubre del 2016.
Fuentes de la Fiscalía contra la Narcoactividad señalaron que Aguirre fue investigado hasta que la inmunidad de la cual gozó como candidato por Libertad Democrática Renovada se los impidió.
El 24 de julio del 2016, agentes antinarcóticos detuvieron un camión con mil 448 paquetes de cocaína, en el kilómetro 197, ruta de Quetzaltenango a Retalhuleu, valorados en en Q148 millones 774 mil.
Este hecho, en el que fueron detenidos dos hombres originarios de La Libertad, con posibles nexos con la Alcaldía, confió uno de los fiscales, les dio la pauta de que la línea de investigación inicial desarrollada en torno al entonces candidato era correcta.
La mañana en que fue asesinado, Aguirre recogió a su hija de 12 años en el colegio, para luego comprarle un anillo de graduación como regalo, por haber culminado la primaria. En el lugar del ataque fueron recogidos más de 100 casquillos, dijo uno de los fiscales que procesó la escena del crimen.
Ervin Orlando Sánchez Andrade, concejal de Las Cruces, Petén, fue asesinado el 29 de diciembre pasado, pocas horas después de que el MP solicitó el antejuicio contra el alcalde René Alberto Reynosa Alegría.
El secretario municipal Byron Sarceño Castillo y el jefe edil presentaron una propuesta para elaborar tres proyectos que ya se habían ejecutado, según la Fiscalía contra la Corrupción.
La investigación por la muerte de Sánchez Andrada se encuentra en reserva en la Fiscalía de Delitos contra la Vida; sin embargo, una fuente consultada no descartó que existan vínculos con narcotráfico.
“En el caso de Las Cruces, Petén, se acusaba al alcalde, pero resulta que ahora los concejales estaban de la mano con el narcotráfico y terminan matando al concejal primero, por no haber cumplido la promesa de haber sacado al alcalde por la vía judicial. Allí hay otra versión”, afirmó Escobar.
“Esa versión la dio el alcalde. Entiendo que él se apersonó —al MP—”, agregó.
Campañas y alcaldes
Las redes político-económicas ilícitas son lideradas por el poder regional y local, y se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales y articulan la política local con la nacional, según el informe El financiamiento de la Política en Guatemala, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Estas redes “son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y, a la larga, han posibilitado la continuidad del sistema. La vinculación a estas redes permite a los alcaldes tener acceso a recursos públicos adicionales a los establecidos constitucionalmente”, según el documento.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, aseguró que esto se debe a la impunidad en el país y a la falta de presencia del Estado.
