Según el reporte, Linares López debía entregar del 14 al 22 de febrero de este año mil 184 desayunos, a razón de Q13 cada uno; también mil 327 almuerzos, a Q15 cada uno; y mil 356 cenas, a Q13 cada una. El total invertido en alimentación asciende a Q52 mil 925.
Guatecompras reporta que es la primera vez que se le adjudica un concurso a Pablo Antonio Linares López, dueño del comedor La Familia.
Critican medida
Lizandro Acuña, investigador del área de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, manifestó que la comuna no está obligada a hacer una inversión de este tipo, ya que dentro de lo que se les paga a los agentes de la PNC se incluye que ellos deben costear su alimentación y resguardar el orden en las diferentes actividades.
“Esto viene a influir en cuanto al funcionamiento equitativo de la PNC. Puede ser que se dé un interés que genera en este caso impunidad en acciones que están siendo sometidas a investigación, donde la Policía, bajo la dirección del Ministerio Público, es la primera que empieza a recabar pruebas con base en las investigaciones”, advirtió Acuña.
El economista Carlos Martínez indicó que la entrega de los alimentos a los policías causa dudas respecto de propiciar cierto clima favorable en una potencial persecución.
“Lo que se percibe es que se genera un ambiente favorable a que no se persiga una potencial acción punitiva, o que no se investiguen ciertos casos. Yo creo que hay varias cosas que se deben evaluar; primero, que el ministro de Gobernación tome cartas en el asunto, por el contexto de no permitir que su personal esté recibiendo hasta cierto punto algún tipo de prebendas”, subrayó Martínez.
Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana, señaló que la alimentación no es tan determinante, pero habría que verificar si más allá de que la Municipalidad compre alimentos para agentes de la PNC existan otros “vínculos”, lo cual sí sería más complicado y merecería investigarse a fondo.
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, expuso que tal compra se podría calificar como una prebenda, en caso no exista un convenio entre Gobernación y la comuna.
Se buscó la versión del director de la PNC, Wálter Cerón, y de Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, pero no contestaron las llamadas telefónicas.
