El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que no ha autorizado renovar el contrato de los blindados o nuevos arrendamientos de vehículos.
En “crisis”
En abril de 2015 el entonces director de la Policía Nacional Civil, Walter René Vásquez Cerón, suscribió el contrato SC-SGAL-PNC-01-2015 con la empresa Arrendamiento de Limosinas Sociedad Anónima.
Valiéndose de un mecanismo de excepción, la Dirección de la PNC aseguró a seis jefes policiales el uso de cuatro camionetas Chevrolet Suburban 2015 y dos Toyota Land Cruiser 2014 y 2015.
Aunque Guatecompras refleja que hubo pago de la totalidad de la deuda de Q3.8 millones, el director actual de la PNC, Nery Ramos, aseguró que todavía quedan saldos pendientes.
La cantidad erogada en el alquiler de la blindada al servicio del jefe del departamento de Tránsito equivale casi al monto de una de las dos compras directas que se harán para adquirir llantas o repuestos.
Según el ministro de Gobernación, en los próximos días se planifican dos compras directas -por menos de Q90 mil cada una- para arreglar un primer grupo de patrullas.
“Haremos dos eventos de licitación para la compra de Q4 millones en llantas y Q4 millones en repuestos”, comentó el funcionario.
“Establecemos los mecanismos de apoyo con cooperantes para esta emergencia”, agregó Rivas.
Ramos también calificó de “crisis” la falta de recursos para hacer las reparaciones.
Rivas Lara reveló en una citación en el Congreso que de las tres mil autopatrullas de la Policía, mil 300 están en funcionamiento, es decir que mil 700 —más de la mitad— se encuentran dañadas y con fallas mecánicas.
Gasto ineficiente
“El alquiler de los blindados refleja una corrupción gigantesca e ineficiencia en el gasto. No podemos acusar a las actuales autoridades, pero la decisión de continuar con este tipo de desembolsos, como en el caso de la jefatura del Departamento de Tránsito, refleja la falta de visión estratégica”, opinó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia.
“Denota también que el ministro no está ejerciendo un estricto control de lo que ocurre en su despacho”, agregó.
Cuando se hace una compra directa se busca agilidad, explica Walter Figueroa del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
“Una compra directa, sin embargo, no es precisamente un concurso público en donde se puede obtener los mejores precios y calidad, y si es el mismo proveedor el que continúa brindando el servicio puede tratarse de una deuda política”, agrega.
Figueroa califica de “despilfarro de recursos la inversión de 3.8 millones para proteger a los seis jefes policiales cuando el 56 por ciento del parque de la PNC está parado”.
El experto recuerda que en 2014 fue criticada la asignación de Q182 millones para cuidar al binomio presidencial.
