Sostuvo que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la entidad que dirige, “continúa preocupado por el uso indebido del derecho penal por parte de actores dentro del Ministerio Público y del Organismo Judicial contra la defensa de los derechos humanos y, particularmente, personas operadoras de justicia”, comentó.
Calificó esas situaciones de “persecución penal” y consideró que hay “motivaciones políticas detrás”.
Tales acciones se dirigen contra funcionarios del actual gobierno y del Tribunal Supremo Electoral, “con el propósito de cuestionar los resultados de las elecciones de 2023”, según explicó.
Por otra parte, Türk dijo que se han visto “retrocesos” en el acceso a la justicia con relación a violaciones graves de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, con casos que incluyen la anulación de procesos y demoras indebidas que han privado a las víctimas de sus derechos.
“Frente a estos retrocesos y como parte de la justicia transicional es importante avanzar con la iniciativa para un plan nacional de dignificación y reparación y un plan nacional de búsqueda de personas desaparecida”, propuso.
Entre los aspectos positivos que anotó, destacó la renovación del acuerdo que permitirá que la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos siga funcionando por tres años más.
Asimismo, felicitó el diálogo establecido entre el Estado y las autoridades indígenas y afrodescendientes, y recomendó que estos espacios de contacto se institucionalicen y se cumplan los acuerdos alcanzados. EFE
OJ se pronuncia
El Organismo Judicial se pronunció este martes 4 de marzo por lo indicado por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reafirma su respeto a la independencia judicial, el Estado de derecho y la tutela de los derechos humanos. En respecto a las declaraciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre un supuesto uso indebido del derecho penal en el país, la Corte aclara que el Organismo Judicial actúa conforme a la Constitución Política de la República, las leyes nacionales y los tratados internacionales”.
Añadió que “las resoluciones judiciales se fundamentan en legalidad, imparcialidad y debido proceso, sin interferencias políticas. Asimismo, rechaza cualquier insinuación de instrumentalización de la justicia y subraya que los ciudadanos cuentan con recursos legales para impugnar fallos con los que no estén de acuerdo. Además, resalta la importancia del diálogo con comunidades indígenas y afrodescendientes y toda la población para mejorar el acceso a la justicia”.
“Finalmente, el Organismo Judicial reafirma su disposición a fortalecer el sistema judicial, garantizar la independencia de los jueces y mantener una apertura al diálogo y la cooperación internacional”, destacó.

