El fiscal recordó que al avanzar con la investigación correspondía plantear el antejuicio en contra del gobernante. “Lo que correspondía en su momento fue la presentación del antejuicio y eso hicimos en su momento. Cumplimos con la ley y su función”, añadió.
Al ser consultado por el motivo en que los diputados volvieron a archivar el requerimiento, el fiscal dijo: “Como no se lograron los 105 votos, el caso quedó archivado, tengo entendido igual que el caso anterior. El caso estará en la Dirección Legislativa. Nosotros ya cumplimos con lo que nos correspondía”.
"Hemos cumplido", dice el fiscal de delitos electorales, Oscar Shaad, al ser consultado por la sesión en el Congreso donde fue archivado el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. "Seguimos con la investigación a los 7 señalados". pic.twitter.com/IbcM5WBfTB
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 17, 2018
Investigación a procesados
Shaad recordó que el caso avanza con la investigación a siete procesados.
“Nosotros por el momento nos encontramos en la etapa de investigación con las personas que se encuentran ligadas a proceso y se está trabajando en esta etapa de la investigación. El final de la investigación finaliza este año. Están procesadas siete personas. Está Rodrigo Arenas y Andrés Botrán y después fueron otros cinco empresarios, los que pidieron disculpas. En esa etapa estamos”, añadió el fiscal Shaad.
Votación en el Congreso
Durante la sesión del martes pasado los diputados conformados mayoritariamente por integrantes de las bancadas y agrupaciones del Frente de Convergencia Nacional, (FCN-Nación), Todos, Alianza Ciudadana (AC), Movimiento Reformador (MR) e independientes, logró 79 votos para que el mandatario mantuviera su inmunidad.
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Solo 39 diputados, en su mayoría de la Unidad Nacional de la Espereza (UNE), Encuentro por Guatemala (EG) y bancadas minoritarias, votaron para que fuera investigado el presidente Morales.
Para que le retiren la inmunidad a Morales bastan 105 votos, entonces el caso quedó archivado en la Dirección Legislativa de la misma forma que ocurrió el 11 y 21 de septiembre del 2017, cuando fue rechazado un antejuicio por un señalamiento de financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio contra el presidente Morales fue planteado el 10 de agosto pasado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). También en contra la diputada Nineth Montenegro, por financiamiento electoral ilícito.
De acuerdo con la investigación, Morales, candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en 2015, recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que constituyen la figura de financiamiento electoral ilícito.
La denuncia fue interpuesta el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paz Riera, colaboradora de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.
En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015; así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.
Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.
El caso de la legisladora Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), se centra a que incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.
Fue el ente electoral que interpuso la denuncia el 13 de diciembre de 2016. Debido a esa falta de información no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió.
De la investigación se desprende que Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE.
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