Guatemala

APG respalda a <em>Prensa Libre</em>

Luego de la publicación de Prensa Libre sobre las exigencias de algunos auxiliares fiscales y agentes fiscales del Ministerio Público (MP) para que periodistas de este medio revelen sus fuentes de información en diversas noticias publicadas, la junta directiva de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó la pretensión de que periodistas respondan a cuestionamientos que vulneran el derecho constitucional de libertad de expresión.

La APG respaldó a Prensa Libre a la vez que rechaza la injerencia del MP en la labor periodística. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La APG respaldó a Prensa Libre a la vez que rechaza la injerencia del MP en la labor periodística. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“La exigencia de funcionarios del ente investigador viola la legislación nacional de orden constitucional y leyes ordinarias en varios aspectos, atropella la normativa internacional referida a la libertad de emisión del pensamiento y de prensa, es un grave agravio a los periodistas, reporteros y al medio que están cumpliendo con su trabajo profesional en el marco legal”, se lee en el comunicado emitido.

Agrega: “Esta entidad considera absolutamente inadmisible que, en aras de complementar una investigación, se cite a los profesionales de la información para recibir declaraciones sobre un hecho que ya fue publicado. Pero es todavía más repudiable que intenten que periodistas revelen su fuente de información”.

“La Constitución Política de la República consagra el derecho de libertad de expresión y de prensa de manera expresa. En Guatemala no hay ni censura ni licencia previa. Este derecho no puede ser restringido ni por ley ni por autoridad alguna. También está garantizado el libre acceso a las fuentes de información, derecho que tampoco puede ser limitado”, sentencia.

“Es oportuno recordarles a los señores fiscales que están violando la ley, que además de la Constitución Política y la Ley de Emisión del pensamiento que contienen normas bajo las cuales los periodistas y los medios actuamos, el secreto profesional es inviolable. A ningún profesional se le puede obligar a revelarlo, es más, es punible la acción de quien lo revele por lo que es inconcebible que personas que deben conocer la legislación, estén contraviniéndola”.

Recalca: “La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se solidariza irrestrictamente con Prensa Libre en relación con la denuncia pública que ha presentado; exige que el Ministerio Público rectifique esta actitud y que quienes resultaren responsables de esa violación a la ley sean sancionados como corresponde para sentar un precedente y evitar que otros caigan en la tentación de obtener información de manera ilegal. Llama a las entidades nacionales e internacionales a expresar su repudio at este intento de limitar el ejercicio profesional y a estar atentas en caso de que se insista en esta lamentable exigencia; a las otras entidades hermanas les insta a cerrar filas en este caso que nos perjudica a todos los periodistas. Solicita al Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH, que se pronuncie ya que esta acción viola el principio 8 de la Relatoría que establece el derecho a la reserva de las fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, asimismo apela al Procurador de los Derechos Humanos  y a nuestros aliados internacionales para que se manifiesten al respecto”.

Citas inconsultas

La secretaria general y el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Mayra Veliz y Rottman Pérez, respectivamente, visitaron ayer Prensa Libre para entregar una misiva en la que se indica: “Con instrucciones de la señora fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, se ha procedido a revisar los expedientes de investigación en donde fueron citados reporteros del medio y se ha determinado que dichas diligencias, además de haberse realizado en forma inconsulta con sus respectivas jefaturas, resultan irrelevantes y por ende innecesarias para la investigación que se realiza dentro de los mismos, en razón de lo cual no será necesario que las personas comparezcan a la diligencia programada. Hago propicia la ocasión para informarles, que una de las directrices fundamentales de la señora fiscal general ha sido la realización de investigaciones objetivas y apegadas a Derecho, sobre la base del absoluto respeto de los Derechos Humanos, entre ellos la libertad de expresión del pensamiento, reconociendo la valiosa función de comunicar y de formar la opinión pública de los miles de usuarios de los medios de información”.

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