Los indicios detectados por el MP fueron desestimados por el Juzgado Tercero Penal, que preside Mynor Moto, el 3 de enero pasado. En esa ocasión el juez explicó que otorgó falta de mérito en favor de Blanco Lapola porque “la UNE no tiene algún reparo ante el Tribunal Supremo Electoral. No hay indicios suficientes de relación del señor Blanco Lapola con los donantes”.
La Fiscalía de Delitos Electorales apeló la decisión de Moto y el 26 de marzo último la Sala Cuarta de Apelaciones rechazó la apelación. Luego el MP interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que de forma reciente no dio con lugar ese recurso por lo que el caso se archivará.
El fiscal de Delitos Electorales José Curruchiche expuso: “Se presentó ante la Corte de Constitucionalidad la argumentación correspondiente -dentro de un amparo-; sin embargo, no fue otorgado por la honorable Corte de Constitucionalidad, en ese sentido las actuaciones que tiene la fiscalía en contra del diputado Orlando Blanco se procederán el análisis correspondiente y lo que procedería entonces es otorgar un archivo interno que hará la fiscalía porque no se otorgó el amparo”.
Señalamiento
Los señalamientos de la fiscalía contra el parlamentario se centraron en que la agrupación política utilizó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. y Bienno, S.A. no pagaron por ese servicio Q583 mil 730.01 y Q1 millón 332 mil 875.05, respectivamente, como lo hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.
De hecho, según los indicios, Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.
En cambio, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos, según la averiguación de la fiscalía.
Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, entonces presidenciable y ahora en prisión provisional por el caso de financiamiento no registrado del partido, y Carlos Barreda y Orlando Blanco Lapola, entonces candidatos a diputados, entre otros, detalla la investigación del MP y la Cicig.
En este caso, en marzo pasado, Blanco Lapola perdió su inmunidad por decisión de la Corte Suprema de Justicia al argumentar que la UNE recibió aportes no dinerarios que no fueron reportados, con los que se incurrió en ilegalidad debido a que el dinero utilizado en esa campaña debe tener trazabilidad en el sistema bancario.
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