“Las fotografías y vídeos de la escena evidencian que hay grupos armados del crimen organizado que utilizan armas de alto calibre”, dice el exfuncionario. “No tengo certeza que sea del narco, pero dada la zona, y las características del enfrentamiento, se podría decir que ese es el caso; preocupa que estos civiles que portan las armas de uso exclusivo militar caminan frente a policías y soldados, incluso un vídeo muestra como un policía le da una palmada en el hombro a uno de los sujetos que sostiene un fusil en la mano. Esto da la impresión que la policía local permite que este tipo de estructuras operen en la zona, y que prevalezca la ley del narcotráfico y no del Estado”. Este 29 de marzo el gobierno decretó Estado de Prevención en Zacapa, Izabal, Chiquimula, El Progreso y Petén, aunque la razón principal es para evitar el paso de una nueva caravana de migrantes desde Honduras.
Mientras tanto, la portación de armas de grueso calibre que los usuarios de redes sociales observaron en vídeos y fotos después del tiroteo del sábado pasado, es una realidad cotidiana en Zacapa. De hecho, el pasado 27 de marzo parecía un sábado cualquiera—nadie podía saber que alguien había ordenado la muerte de Orellana Orellana. Unos minutos antes de las 13 horas, un automovilista filmó a dos sujetos parados frente a dos pickups estacionados al costado de una transitada calle de Gualán, Zacapa. Se les veía tensos, empuñando fusiles automáticos. Uno, con camiseta blanca; otro, con camiseta amarilla, de mangas largas. Esperaban la orden. Los esquivaban una docena de motoristas y tuc-tucs. Ninguno parecía alarmado al ver los fusiles que, según la ley, son de uso exclusivo del Ejército. La etiqueta local de supervivencia obliga a ignorar el asunto, a evitar contacto visual. Es un reflejo condicionado.
Minutos después, otro automovilista filmó con su celular un camión atravesado sobre un carril de la carretera al Atlántico. Está casi empotrado sobre la cerca que flanquea la ruta. Por instinto, el automovilista se estaciona en el costado opuesto, a unos 200 metros del camión. Es el kilómetro 153, a dos kilómetros de la fábrica de block de Orellana. De pronto, la pantalla muestra a uno, dos, tres, cuatro, y cinco sujetos correr a toda prisa sobre la cinta asfáltica. El ataque, consumado. Todos llevan fusiles en mano. El quinto es el sujeto de amarillo, que esperaba la orden minutos antes. Es el que grita, “¡Vamos! ¡Nos están esperando!” Se escuchan detonaciones de fusil. El vídeo acaba abruptamente. El automovilista se lanza al suelo del vehículo.
Como en un tercer acto, algunas fotografías muestran una veintena de soldados bloqueando el tránsito de vehículos frente a la escena del crimen. Hay tres autopatrullas en el lugar, una camioneta agrícola y un sedán grises a un costado del cerco, sobre la carretera. En la entrada a un terreno, a pocos pasos de los vehículos, hay un cadáver.
Al otro lado de la carretera, casi en frente, había otra camioneta con el motor y el capó destrozados, el resultado del impacto con otro vehículo más grande—se especula que fue el camión varado metros atrás sobre la carretera. Tiene placas P-450BQK, y la Policía Nacional Civil (PNC) lo identifica como el vehículo de Orellana Orellana. Otro sujeto, un guardaespaldas, yacía muerto a pocos metros. Su fusil, a un costado. Recibió al menos tres disparos en el tórax.
El informe preliminar, de la Subdirección General de Operaciones de la PNC, y la Comisaría 24 de Zacapa, reportó que “compañeros de protección a personalidades (DPPS)” informaron del ataque armado y que personal de seguridad de Orellana repelió las balas. El texto confirma que Orellana fue el blanco del ataque, que hubo tres heridos—dos, miembros de seguridad, y un transeúnte.
Inicialmente reportes de prensa indicaron que Orellana había muerto, pero un día después de los hechos, el vocero de la PNC, Jorge Aguilar Chinchilla, aclaró que no falleció, y agregó que tenía protección policial por orden de juez “porque recibió amenazas”; desconocía desde cuándo. Eso explica por qué había personal de la DPPS en el lugar que reportó el ataque, pero no explica por qué había civiles armados con fusiles, de portación ilegal, conversando con policías sin consecuencia alguna. Las fotografías muestran que también estaban presentes miembros de la Inspectoría General de la PNC, una división que investiga corrupción en la policía.
Posible móvil
En Zacapa, fuentes extraoficiales identifican a Orellana Orellana como primo de Jairo Orellana Morales (capturado en Zacapa en 2014 por narcotráfico y extraditado en 2015 a EE.UU.). Agregan que, después del fallecimiento este mes de Waldemar Lorenzana Lima (otrora jefe de la estructura del narcotráfico integrada por tres de sus hijos, los hermanos Lorenzana Cordón), comenzó una lucha por las rutas de trasiego.
Otras fuentes locales afirman que la fragmentación de las estructuras comenzó desde 2011, cuando iniciaron las capturas y extradiciones de los Lorenzana. Además, hace tres años, Orellana Orellana estaba acusado de asesinato en grado de tentativa en Chiquimula, un caso escándalo para el MP porque algunos fiscales habían exigido sobornos a varios acusados por bajar el perfil a algunos casos, en cuenta a Orellana Orellana. Las autoridades no informaron si este caso tiene relación con la protección que recibe.
No es el primer caso de este tipo. Entre 2012 y 2013, Marllory Chacón (condenada por narcotráfico en EE.UU. en 2015, y actualmente en libertad) recibía protección del Ministerio de Gobernación, según lo reveló el portal InSight Crime.
Mientras tanto, la PNC no revela el paradero de Orellana Orellana.
