Roberto Molina Barreto será el primero en presidir el tribunal constitucional. Es la tercera vez que estará en ese cargo en las diferentes magistraturas que se ha desempeñado.
En el acto de instalación, celebrado en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, acudieron los presidentes de los tres organismos del Estado, exmagistrados constitucionales, diputados, cuerpo diplomático y funcionarios del sistema judicial. Sin embargo, fue notoria la ausencia de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos; Nester Vásquez, magistrado titular, y Claudia Paniagua, magistrada suplente, elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios (Cang), a quienes diversos amparos e impugnaciones al proceso de designación bloqueó la juramentación y por ende ser parte del acto de instalación de la VIII magistratura.
Certeza jurídica
Molina Barreto dirigió el discurso inaugural al corresponderle la presidencia para el periodo 2021-2022, donde hizo señalamientos contra la CC saliente. También enfatizó que los magistrados de la Corte deben considerar el impacto de sus resoluciones en casos de alto contenido político y que, si bien puede adherir a una ideología política, no puede sucumbir al activismo judicial.
Sin mencionar a la CC saliente, pero sí en referencia actuaciones de ese tribunal de “los últimos años”, Molina Barreto dijo: “Resulta lamentable que se han vertido opiniones que afirman que el sistema de control constitucional debería desaparecer y por ende la existencia de un tribunal especializado para ello, lo que resultaría un retroceso inconcebible pero comprensible para aquellos que estiman en los últimos años la CC se ha apartado del objeto primordial para lo cual fue instaurado, lo que ha socavado su imagen y credibilidad, soslayando la gran importancia de su histórico desempeño y eso es lo que ha merecido”.
Recordando a “exmagistrados ilustres” sin perjuicio de ideologías políticas o religiosas, dijo que se “ve en la imperiosa necesidad” de enfatizar que la función esencial que ha sido asignada a la CC comprende la defensa del orden constitucional y prevalencia del principio de supremacía de la Constitución, que “exige respeto irrestricto” del contenido de la Constitución respecto a la garantía de los derechos y libertades fundamentales y normas que regulan el funcionamiento del Estado.
Más adelante señaló que “el magistrado no debe sucumbir ante sus inclinaciones, predilecciones e intereses personales sino debe seguir su vocación jurídica de ser juez y árbitro de los conflictos, pero jamás parte de ellos”.
Sobre las actuaciones de los magistrados, Molina Barreto expresó que la CC debe respetar las competencias de los otros poderes públicos, realizando un análisis objetivo para que reconducir los actos no se torne en la invasión de sus propias competencias. “La CC debe evitar a toda costa el activismo judicial que termine desbordando sus funciones propias y debe tener siempre presente que su resoluciones deben propiciar seguridad jurídica, por lo que en casos de alto contenido político debe tener en cuenta los efectos de sus decisiones sobre la división de poderes y el buen funcionamiento del Estado, aspectos que con la emisión de algunos fallos ha sido más de una inobservado en los últimos años provocado intromisión en las políticas públicas del Estado”.
También apuntó que la Corte debe ponderar de los valores en conflicto, pero debe buscar el equilibrio entre ellos evitando la conflictividad, coadyuvando con la paz social. “La función que debe corresponder al tribunal es la de generar el menor impacto posible, no provocar más desempleo y separación de familias, el cierre de empresas, pero a la vez coadyuvar con el ambiente sin mermar la recaudación tributaria, lo que parece no haberse tomado en cuenta principalmente el convenio 169 del a OIT pues siendo inevitable la explotación de recursos naturales e innegable el derecho de consulta, pero resulta inaceptable la politización de los procesos”, consideró.
Así, dijo que es vital que en esta magistratura se debe fortalecer la unidad de jurisprudencia y gaceta de la CC para revisar los criterios emitidos y una eficaz una clasificación de los fallos, la jurisprudencia y doctrina legal sentada para hacerla accesible y compresible para el usuario. También el fomento de la excelencia y fortalecimiento del prestigio del tribunal, privilegiando la profesionalización y que se retome la publicación periódica de obras de autores en materia constitucional.
Durante su presidencia garantizó la optimización de los recursos, la transparencia y la independencia funcional de los magistrados. “El combate a la corrupción no tiene ideologías ni bandos”, exclamó. “No venimos a formar parte de la corte celestial, pero sí somos profesionales del Derecho comprometidos con el país, con valores éticos y morales dispuestos a enfrentar el gran reto de integrar este tribunal con mucha fe puesta en Dios para ejercer nuestra tarea con sabiduría, templanza y prudencia, pero sobre todo con independencia, imparcialidad y valentía ara que la Corte retome el importante rol y preponderancia en el ordenamiento jurídico le corresponde.
Respecto a los amparos señaló que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones o resoluciones, ello no significa que “bajo ningún concepto” son superiores a la ley, sino que deben ser “responsables de los actos y la función pública jurisdiccional que ejercen”.
En nombre propio, y convencido de que los magistrados se adhieren, apuntó su compromiso por la misión de emitir fallos sólidamente fundamentados en aras de la certeza y seguridad jurídica que debe prevalecer en el estado de Derecho de cara al desarrollo económico, político y social “sin ceder ni sucumbir a presiones internas, externas, nacionales o extranjeras dejando la pugna y polarización”.
Permanece legítima
Ante la asunción de la nueva Corte sin presencia de dos magistrados titulares designados, en el caso de Gloria Porras y Nester Vásquez, Molina Barreto expresó que eso no resta legitimidad porque no es la primera vez que ocurre y asimismo la Ley de Amparo contempla que, en los casos en los que haya impugnaciones a las designaciones del CSU y el Cang, deben continuar los magistrados del periodo anterior, en estos casos Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández, respectivamente.
Sobre Porras, indicó que ella se fue ayer del acto de juramentación en el Congreso y acudió a la CC, donde estuvo presente en reunión con la magistratura saliente y entrante hasta aproximadamente las 20 horas para revisión de actas de transferencia, y no expresó que se ausentaría del acto protocolario de instalación. “Habría que preguntarle -por qué se ausentó hoy-, me imagino que debe estar molesta, como cualquiera lo estaría”.
