El Congreso aprobó en ese año la Ley de Control Telemático con el objetivo de liberar espacios en los centros de prisión preventiva y de rehabilitación del sistema penitenciario guatemalteco que se encuentran
rebasados en su capacidad, lo que ha causado problemas interminables de hacinamiento, violencia interna, fuga de reclusos, motines, corrupción y descontrol.
En una citación con diputados del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), este 26 de febrero, se evidenció que el sistema, luego de tres años, aún no se implementa en el país, debido a la falta de reglamentos. El primero que falta es el de la normativa y el segundo, por modificación del reglamento de la Policía Nacional Civil (PNC) ya que el exministro de Gobernación, Enrique Degenhart, trasladó esa competencia a esa institución.
Rolando García, subdirector de Tecnología de la PNC, expuso esos dos problemas que enfrenta la Policía para que hacerse cargo del control telemático. El oficial también expuso que tenía otras dudas, sobre todo sobre quién iba a recibir y pagar el dinero por el alquiler de los aparatos, ya que está prohibido que la PNC reciba fondos que no provengan de antecedentes policíacos y multas de tránsito. Además, dijo, en la ley orgánica de la institución policial no existe el departamento que debe encargarse del sistema, por lo que tendría que reformarse la normativa.
Francisco Mérida, asesor del Sistema Penitenciario, explicó que 25 mil 531 personas están privadas de libertad hasta hoy, de las cuales 13 mil guardan prisión preventiva y los otros 12 mil cumplen una sentencia firme. Comentó que el espacio para albergar a los reclusos es para seis mil 812.
Los diputados Rodolfo Neutze, Óscar Chinchilla, Adela de Torrebiarte y Cristián Álvarez, de Creo, cuestionaron a las autoridades de Gobernación.
La viceministra de Gobernación, Debora Meza, expuso ante los diputados que tiene un plan piloto para implementar el control telemático que consiste en colocarlos a reos señalados de violencia contra la mujer, y que a las víctimas se les dará otro dispositivo que funcionaría como botón de pánico.
En la citación se mencionó que el alquiler de los dispositivos es de unos US$10 diarios, por lo que el reo que lo utilice tendría que pagar alrededor de Q25 mil al año, ya que según la Ley ellos son los que deben cubrir el pago, aunque hay excepciones según decisiones del juez.
“Yo conformé una mesa técnica para identificar los aspectos de la PNC, cuáles son las líneas de trabajo en materia administrativa, así como la parte técnica y evaluar los dispositivos ya que se aplicarían en casos de violencia contra la mujer. Pero la coordinación con el Organismo Judicial es importante ya que ellos serán los que nos darán esa demanda de a quiénes se beneficiará con estos dispositivos”, explicó Meza.
Mientras que el viceministro administrativo Elizandro López señaló que se espera que en los próximos días se presente al Congreso la readecuación presupuestaria, para darle más fondos al Ministerio de Goberanción.
