Entre el 24 y 25 de agosto, la cartera del Interior, le ha sumado más agentes y vehículos a los mandatarios electos, para resguardarlos y darle cumplimiento a las medidas cautelares que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno guatemalteco.
Lo anterior ha ocurrido, según Barrientos Girón, por instrucciones del presidente Alejandro Giammattei y para cumplir con la CIDH. Todo esto pasa desde que se revelaron planes para asesinar a los políticos recién electos.
Asimismo, el 20 de agosto, personal de la Fiscalía contra la Extorsión del Ministerio Público (MP) se reunió con Arévalo y Herrera en un hotel de la Ciudad de Guatemala donde les advirtieron de los riesgos que corrían. Ese día se disponía a celebrar con sus correligionarios y brindar una conferencia.
En el acta que suscribieron ese 20 de agosto la Fiscalía plasmó que habían hecho del conocimiento de Arévalo de León que habían obtenido “información privilegiada relacionada con estructuras criminales de pandillas, que podían poner en riesgo la vida e integridad física de él, por lo que se procedió a realizar la notificación correspondiente, para que este tome las medidas de seguridad que considere pertinentes”.
Además, se hizo de su conocimiento que todo lo anterior también fue informado a la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes desde entonces reforzaron la cantidad de agentes para resguardar a los mandatarios electos, en conjunto con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala (SAAS), quien es la principal responsable de la protección.
El jefe de la cartera del Interior indicó que el 24 de agosto él y otros viceministros, sostuvieron una reunión con el presidente y vicepresidenta electa y algunos abogados y personas de su confianza “para atender el tema de garantizar la seguridad de ellos en torno a unas medidas cautelares que les otorgó la CIDH”.
“Desde la primera vuelta electoral les hemos brindado seguridad y hemos coordinado con la SAAS. La reunión del 24 de agosto fue por instrucciones del señor presidente Giammattei”, recordó Barrientos Girón.
El funcionario agregó que este 25 de agosto volvieron a reunirse en el Ministerio de Gobernación con el personal de confianza del presidente electo y de quienes se encargan de la seguridad de los dos funcionarios electos. Afinaron algunos detalles y tomaron la decisión de incrementar la seguridad por medio de agentes.
“Hoy – 25 de agosto – se acordó de nuevo incrementar la cantidad de personal que les resguarde mientras el estudio de riesgo se elabora, pero inmediatamente se aumentará la cantidad de agentes. Ayer – 24 de agosto – se incrementó, y ahora nuevamente se ajusta y se incrementa más personal para garantizar la seguridad de ambos”, explicó el ministro de Gobernación.
Según el jefe del Mingob los mandatarios han solicitado apoyo y protección para diferentes actividades y se les ha brindado más protección de la que han requerido.
“Nosotros estamos en la disposición de garantizar la seguridad del binomio,” resaltó.
Barrientos también reveló que le han dado la instrucción al jefe de la Subdirección General de Investigaciones de la PNC que se ponga en contacto con el MP para compartir información que lleven a desarticular a pandillas o maras que estén detrás de estos planes.
El otro plan que fue advertido era el llamado Colosio. La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tomara las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Arévalo y Herrera, pues ambos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
Entre estas denuncias se encuentra la existencia del plan de la pandilla del Barrio 18, que se habría gestado desde una prisión donde guardan prisión los líderes de esta estructura y el plan Colosio, que hace referencia al asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México el 23 de marzo de 1994.
Este segundo plan cuenta con “participación de agentes estatales e individuos particulares”, de acuerdo con la resolución de la CIDH.
