El mandatario, recién investido el pasado lunes de madrugada, explicó que se hará una “reforma” a la administración de los centros carcelarios.
“Pensamos que en las deficiencias del sistema penitenciario, y en los estragos que ha causado la corrupción en el sistema penitenciario, está el foco de gran parte de los problemas de la seguridad ciudadana del país”, aseveró el académico de 65 años, ganador de las elecciones en 2023.
Las cárceles guatemaltecas tienen poco más de 20 mil personas privadas de libertad bajo su cargo, casi un 400 por ciento más del aforo de sus instalaciones y de la posibilidad de manejo de su personal, de acuerdo a diversas fuentes.
De igual forma, expertos y analistas consideran que gran parte de las extorsiones que se llevan a cabo en todo el territorio tienen como origen la población presidiaria.
De acuerdo a un estudio divulgado en febrero pasado por la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), el 40 % de los negocios de este sector en Guatemala están siendo extorsionados.
En el mismo sentido, Guatemala es uno de los países más violentos del continente con más de 70 mil personas asesinadas entre 2010 y 2022, con base en cálculos oficiales.
