La normativa, además de ordenar el bloqueo de la señal de telefonía móvil en las cárceles, daba la potestad a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para autorizar a las empresas telefónicas el uso de bienes públicos, privados o comunales, lo que se consideró como violaciones a la igualdad, a la propiedad privada y comunal, así como a la autonomía municipal.
El presidente Jimmy Morales adelantó que buscarán una propuesta para bloquear las telecomunicaciones que provienen de los reclusorios, por tratarse no solo de algo judicial, sino un tema de seguridad.
“Creemos que es un tema delicado que va no solamente en el aspecto judicial, sino en el tema de seguridad. Tendremos nosotros que buscar una solución porque tenemos también que apelar a la razón y la instancia de la Corte de Constitucionalidad es la que analiza los temas constitucionales”, declaró.
El gobernante indicó que “se asume” que desde los centros de detención salen “muchos” de los casos de extorsión.
“Es un tema de seguridad al que tenemos que encontrarle una solución lo más pronto posible”, resaltó.
Iván Arévalo, presidente en funciones del Congreso, señaló que someterán la discusión a la instancia de jefes de bloques para que conozcan la resolución de la CC.
Luis Conteras, segundo secretario del Legislativo, refirió que ese organismo tendrá que analizar lo dictaminado por la Corte, porque dejó sin efecto toda la ley.
“Me preocupa la seguridad. Creo que se tendrá que presentar una nueva iniciativa para bloquear la señal de celulares, de lo contrario se incrementarán las extorsiones desde las cárceles”, consideró Contreras.
A criterio de Arístides Crespo, quien presidía el Congreso cuando se aprobó la ley que derogó la CC, se cumplió a cabalidad con el procedimiento de aprobación, ya que en su resolución la Corte indica que hubo artículos que requerían de 105 votos para aprobarse.
Trasfondo
Varios diputados explicaron que se utilizó “como pretexto” el bloqueo de la señal de telefonía para aprobar la norma, pero la intención real era liberar el permiso de colocación de cámaras y de antenas, debido a supuestos cobros excesivos de las municipalidades a las empresas.
La negociación la dirigió el Ejecutivo, el bloque oficial solo recibió la orden de apoyar, se indicó.
Incluso, algunos miembros de la directiva recordaron que tenían otros temas que se abordarían ese mismo día, pero se obvió por aprobar la ley de urgencia nacional.
Reacciones opuestas
Autoridades ancestrales y municipales de Quiché, Sololá, Chimaltenango y Escuintla aplaudieron el fallo de la CC, porque consideran que devuelve la autonomía municipal, mientras que algunos sectores empresariales manifestaron su molestia.
La opinión de las empresas telefónicas fue desigual. Telefónica la considera oportuna, pero Tigo lamentó la decisión de la CC.
Para cumplir con el bloqueo de las cárceles, las tres compañías de telefonía que funcionan en el país invirtieron alrededor de Q30 millones en la compra, operación e instalación del equipo.
