¿Cuál es la lectura que les deja el episodio ocurrido el lunes pasado y que llega hasta el relevo de las autoridades del Sistema Penitenciario?
Dedik: Muestra que el Sistema Penitenciario no tiene el control, ni la capacidad de resguardar la integridad física ni la vida de las personas que están bajo su custodia, y eso es algo muy grave porque es uno de los propósitos primordiales que tiene que garantizar y cumplir esa institución.
El aparente enfrentamiento entre dos grupos es la versión que han dado las autoridades, pero murió el capitán Byron Lima, quien tenía una connotación pública grande y cumplía sentencia por la muerte del obispo Juan Gerardi. ¿Qué le dice en el ámbito de seguridad y política?
Gutiérrez: Esta falta de gobernabilidad de los presidios es un problema viejo. Yo señalaría dos o tres puntos clave en este proceso de deterioro continuo. Uno ocurre bajo el gobierno de Álvaro Arzú, cuando casi que oficialmente el Gobierno entrega el control a los privados de libertad, justamente de Pavón, ante la incapacidad de las autoridades de tener un control eficiente. La relación entre hechos violentos y la política tampoco es nueva… Estamos hablando de un problema serio que caracterizaría como el traslado del modus operandi o del hábitat de la mafia reproducido en los centros penitenciarios, o sea, el modo de vida en esos centros es uno en el que las relaciones de extorsiones, presiones, incluso de mercado, la mercantilización de lo que el Estado debería proveer, como la seguridad, el colchón donde dormir. Todo es como la ley de la selva. No deberíamos esperar a tener más crímenes, más motines o más problemas para realizar la reforma penitenciaria.
¿En qué sentido debería ir encauzada?
Gutiérrez: Un punto fundamental es la profesionalización del personal encargado del sistema, que tiene que implicar mayor capacitación, doctrina, mejoramiento de sus ingresos y también un trato más humano hacia los propios guardias penitenciarios. Luego, hay una serie de medidas que no significan, porque la gran queja o el gran obstáculo que se argumenta es que no hay recursos, que construir nuevos centros penitenciarios es caro, pero hay cosas tan básicas como seleccionar a los reos por el tipo de gravedad, para no mezclar y no poner en riesgo a la población que está en prisión por delitos menores.
¿Es falta de voluntad política de los gobiernos, falta de capacidad operativa de los directores o al final a nadie le conviene que la situación de las cárceles cambie?
Gutiérrez: Es un combinación de falta de voluntad con creciente pérdida de capacidad de ejecución de gasto… Hay una mezcla de falta de planes, de una mirada más global del problema y falta de capacidad de ejecutar, pero, además, preguntémonos quién gana con el sistema como está, y quien gana son las mafias que siguen extorsionando desde los centros penitenciarios, que siguen traficando armas, drogas; es decir, llevan su ley y entonces el sistema ni resulta una sanción, ni resulta un correctivo, o menos rehabilitativo, que es lo que se pretendería.
Medidas que deben asumir
Gutiérrez señaló que el problema no se resuelve con construir nuevas cárceles. En el caso de Pavón, el Ministerio Público debe investigar y el Gobierno buscar medidas inmediatas.
Cárceles hacinadas y déficit personal
Dedik resaltó que el Sistema Penitenciario tiene una ocupación de más del 300%, problemas de corrupción, recurso humano con poca formación y opera con déficit personal.
