Guatemala

Cacif presenta demandas empresariales a CIDH

La limitación a la  libre locomoción, facilitación del comercio y ordenamiento del proceso de consultas populares para la instalación de proyectos fueron las peticiones que ayer planteó Antonio Malouf, presidente del Cacif, a representantes de la CIDH.

Reunión de empresarios y delegados de CIDH. (Foto Prensa Libre: Cacif)

Reunión de empresarios y delegados de CIDH. (Foto Prensa Libre: Cacif)

Malouf, acompañado de integrantes de la cúpula empresarial, aseguró que esta es la primera ocasión en la que hace una propuesta concreta en tema de derechos humanos y que está apegada al plan Empresas y derechos humanos que el Cacif maneja desde hace tres años.


Respecto de la  libre locomoción, Malouf justificó que ese derecho debe protegerse cuando organizaciones bloquean carreteras  o proyectos, acciones que debilitan el desarrollo, ya que impiden el transporte de mercancías e interrumpen la cadena comercial.

Sobre el proceso de consultas populares para la instalación de proyectos, el directivo enfatizó que luego de sostener la reunión con la CIDH,  hubo coincidencias respecto de la obligación del Estado  en llevar a cabo ese tipo de procesos.

“Estamos muy contentos por esta reunión y esperamos que las conclusiones de esta visita sean positivas y que podamos trabajar con certeza  jurídica, lo cual se traduce en más empleo y guatemaltecos más contentos en su país”, refirió.    

Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la visita al sector empresarial era importante, para escuchar sus necesidades.

“Hablamos con toda sinceridad respecto de los conflictos empresariales, y enfatizamos que estos temas no deben ser contrapuestos con los derechos humanos.  Valoramos la iniciativa Empresa – Derechos Humanos”.

Eguiguren dijo que el gran responsable de garantizar los derechos humanos es el Estado; sin embargo, la sociedad civil  ayuda a que caminen.

En cuanto a las consultas populares, Eguiguren manifestó que el Estado y las empresas deben trabajar en ganar  la confianza de las comunidades, con el objetivo de que  la población pueda obtener beneficios de los proyectos, además de garantizar el  respeto a  su identidad como pueblo.
  

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