Agregó que hay 20 abogados de la institución que están “procurando que se respete el debido proceso y la ley” durante este operativo.
Por un momento el servicio al vecino fue suspendido, pero se restableció a eso de las 11 horas.
Las oficinas allanadas son:
- Departamento de Compras
- Dirección Administrativa
- Oficina de Atención al Vecino
- Dirección de Comunicación Social
- Dirección de Desarrollo Social
- Dirección de Educación y Cultura
- Dirección de la Mujer
- Dirección de Obras
- Dirección del Centro Histórico
- Dirección de Comercio Popular
- Gerencia Municipal
- Oficina Municipal de Juventud y Deportes
- Programa CONVIVIR
- Regencia Municipal Región Norte
- Subdirección de Atención a las Comunidades Precarias
- Unidad de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares
- Dependencias del Grupo Financiero de Occidente/Financiera de Occidente S.A.
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Se amplia investigación
El Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, confirmó que los allanamientos derivan del caso denominado “Caja de Pandora”. Estos tendrían como objetivo profundizar en los indicios que ya se tiene y explorar nuevas líneas de investigación, por lo que no se descarta que el caso se estuviera expandiendo hacia diferentes áreas de la municipalidad.
Allanamientos sorprende
Héctor Flores, Síndico Quinto de la Municipalidad de Guatemala, manifestó que el allanamiento “sorprendió” a todos los trabajadores de la municipalidad. Aseguró que en otras ocasiones las autoridades del MP han remitían oficios solicitando información y se les entregaba.
“En esta ocasión se pudo observar una gran cantidad de agentes, cosa que nos llamó la atención”, explicó Flores.
El síndico aseguró que el MP presentó una orden de allanamiento de carácter general que no detallaba concretamente el motivo del mismo o lo que se buscaba. El ente investigador solicitó documentación e información de compras que han realizado diferentes dependencias de la municipalidad.
“Llegaron con una lista de Números de Operación de Guatecompras (Nogs) y pidieron información sobre los mismo. Esa información es publica y se puede acceder a ella por medio de Guatecompras”, comentó.
Flores comentó que no se permitió que la municipalidad prestara servicios a los vecinos y que el allanamiento afecto a niños y a personas de la tercera edad que son parte de diferentes programas sociales de la comuna capitalina.
El caso
El MP y Cicig revelaron el 5 de octubre de 2017 que Álvaro Arzú, fallecido el 27 de abril, recibió bienes y servicios para la campaña de 2015 a la cooperativa Torre Fuerte, del reo Byron Lima, asesinado el 18 de julio de 2016, los cuales fueron pagados con dinero público.
Para encubrir el motivo de los pagos, Alejandra Reyes, pareja de Liima y quien aportó información para la investigación, usaba facturas en blanco para que la municipalidad las llenara por otros servicios que no tenían relación con la propaganda.
La cooperativa se encargaba de imprimir logotipos de los partidos políticos en pachones, gabachas, pelotas o playeras.
Recordamos: Álvaro Arzú y su trayectoria en frases
Según la investigación, el dinero para pagarle a Lima provino de fideicomisos de la municipalidad, como el de Apoyo a la Planificación Urbana.
Además, hubo plazas para favorecer a Reyes, su madre Elizabeth Ochoa Barrios y Andrea Monzón Ramos, viuda del reo Obdulio Villanueva, exguardia presidencial en tiempos de la presidencia de Arzú, condenado por el caso Gerardi y asesinado en 2003.
En ese momento, el MP solicitó el retiro de la inmunidad a Arzú por la sospecha de la comisión de delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito, pero en marzo último fue rechazado por la Sala Tercera de Apelaciones.
La jueza Erika Aifán, quien preside el caso, ordenó ligar a proceso el 27 de noviembre a 13 personas.
- Amado Randelí Valdez Castillo: cohecho pasivo
- Oswaldo Pop: cohecho activo
- Norberto Ortega: cohecho activo
- Dora Alicia Pineda Carias: peculado por sustracción
- Héctor Mauricio López Bonilla: asociación ilícita
- Luis Alberto González Pérez: asociación ilícita y tráfico de influencia.
- Luis Alberto Lima Oliva: fraude
- Luisa María Salas Bedoya: fraude, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.
- Marco Antonio Rossell Orozco: lavado de dinero
- Moisés Eduardo Galindo Ruiz: lavado de dinero
- Militza Lorena Viera Juárez: peculado por sustracción
- Patricia Orozco Maldonado: peculado
- Zorayda Henricx, fraude y peculado por sustracción
Datos se encuentran en línea
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, dijo el jueves en una conferencia de prensa que todos los documentos secuestrados por el MP y la Cicig son de dominio público, pero que igual brindaron toda su colaboración.
“La información que hoy fue entregada, todos y cada uno de los expedientes, se pueden encontrar en Guatecompras. Tienen un Nog, están en el sistema de información pública y no hay nada que no se haya expuesto en todos los sistemas computarizados y de acceso a la información que todos los vecinos de la ciudad tienen sobre esos expedientes”, explicó.
El alcalde dijo que las diligencias no explican de qué caso se trata, sino solo se pide la documentación.
“Para nosotros es suficiente que venga un requerimiento de juez, porque la colaboración siempre se ha dado y se dará”, afirmó Quiñónez.
El jefe edil dijo que ayer se dejó de atender a más de tres mil vecinos. No obstante resaltó la disposición de colaborar en aras de la transparencia.
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