La Fiscalía buscaba que el caso fuera conocido en un juzgado de Mayor Riesgo por considerar que los procesados tienen la capacidad de influir en el desarrollo de la investigación, con el fin de perjudicar la averiguación de la verdad.
Además, se argumentó que el traslado podría generar no solo mayor seguridad al desarrollo del caso e investigación, sino también a las partes procesales (fiscales, querellantes, procesados y defensores).
Los abogados defensores manifestaron su rechazo a la petición del órgano investigador y señalaron que los sospechosos permanecen en prisión, lo cual evita la comunicación libre entre ellos y con personas que pudieran tener relación con la pesquisa, como testigos.
También se descalificó el tema de la seguridad, pues se indicó que esa situación solo podrían darse dentro de la sala de audiencias.
Los magistrados Felipe Baquiax, José Pineda, María Morales y Elizabeth García determinaron que no se cumplen los requisitos que la ley señala para que un caso pueda ser trasladado de un juzgado común a uno de Mayor Riesgo.
Origen
El caso Bufete de la impunidad describe la supuesta estructura formada por abogados que buscaron beneficios para los presuntos jefes de la red de defraudación aduanera La Línea, quienes después de la audiencia de primera declaración, en abril del 2015, fueron beneficiados con arresto domicilirio por el pago de fianzas de entre Q200 mil y Q250 mil.
El caso La Línea fue conocido en el principio por el Juzgado Octavo Penal, que en ese entonces estaba a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalling, procesada.
