La causa se derivó de la investigación contra una estructura de contrabando aduanero, la que sirvió para la compra y transporte de granos básicos utilizados en el programa Bolsa Segura que el Partido Patriota desarrolló como parte del Plan Hambre Cero y en el que hay 11 procesados, incluido el exministro de Agricultura Élmer López.
Precaución
Una de las personas que tuvo a su cargo el proceso, y quien omitió su nombre, aseguró que renunció porque recibió presiones para solicitar al juzgado órdenes de captura que no estaban justificadas.
Dos expedientes fueron abiertos en la Fiscalía de Asuntos Internos, que investiga al personal del Ministerio Público (MP).
Según la analista Carmen Aída Ibarra, debe tenerse cuidado con los cambios frecuentes de fiscales, porque hasta hace poco “el MP era una cueva de impunidad” y sus equipos de fiscales eran débiles.
“Esta situación de fragilidad persiste, con excepción de la Feci —Fiscalía Especial contra la Impunidad—, que ha sido fortalecida”, agregó.
La analista Lorena Escobar cree que los cambios pudieron haber obedecido a que encontraron alguna “flojedad”.
Miriam Reguero participó en la investigación de septiembre del 2014 a febrero del 2015, pero posteriormente fue trasladada. Alberto Granados tuvo el proceso a su cargo de marzo del 2015 a marzo del 2016. A partir de esa fecha fue responsable de la investigación el fiscal Néstor Pérez, quien renunció a finales de octubre del 2016. La última fiscal en conocerlo fue Karen Reyes, quien dimitió a principios de diciembre pasado.
El caso trascendió a raíz de las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, quien aseguró que se reunió con la fiscal general, Thelma Aldana, para preguntarle si había un caso abierto en su contra.
Los antecedentes
La investigación comenzó con el descubrimiento de una red de contrabando de maíz.
- Entre los señalados figura el exministro de Agricultura Élmer López, procesado por incumplimiento de deberes, así como Jonathan Chévez, alias el Mago, quien afrontará cargos por encubrimiento propio.
- El proceso está a cargo del Juzgado Décimo de Instancia Penal.
- La Fiscalía presentó entre las pruebas 133 escuchas telefónicas.
