Eddie Cux, de Acción Ciudadana, explica que además de tratarse de desobediencia, la Cancillería está cometiendo un delito, estipulado en el Artículo 374 del Código Penal, y que establece que “quien violare las inmunidades del jefe de un Estado extranjero o de un representante diplomático ante el gobierno de la República, será sancionado con prisión de seis meses a tres años”.
Según Cux, Acción Ciudadana ya presentó una denuncia penal y espera que el Ministerio Público (MP) actúe de forma inmediata para perseguir los delitos en que estaría incurriendo la Cancillería.
El abogado agregó que han presentado, en tres ocasiones, ejecutorias de amparos para que se resuelva sobre las múltiples muestras de desobediencia a la CC de parte del Ejecutivo y su insistencia en expulsar a la Cicig del país, sin embargo, la Corte aún no ha resuelto al respecto.
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En sus peticiones, Acción Ciudadana pidió la destitución de los ministros de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y de Gobernación, Enrique Degenhart, así como de todos los funcionarios que hayan incurrido en desobediencia.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, otro de los amparistas, afirmó que lo ocurrido con los funcionarios argentinos es un acto más de desobediencia y que esto evidencia la arbitrariedad del Ejecutivo ante la orden de la CC, por lo que esta corte debe resolver y destituir a los funcionarios.
Pese a que la PDH también ha solicitado la ejecutoria de amparo, los abogados de la institución analizan presentar una nueva, pero además pide que el MP actúe, pues por mandato de Ley está notificado y tiene participación en todos los amparos.
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“Hay desobediencia continuada, flagrante, ya es mucha la arbitrariedad respecto a lo resuelto por la CC y ya amerita acciones drásticas de parte de la Corte”, señala Rodas.
Prensa Libre consultó al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, quien indicó que la postura debe ser de la Cancillería, entidad que todavía no emite una respuesta.
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