El decomiso de equipos, aparatos y dispositivos de comunicación no permitidos en los penales durante el fin de semana originó disturbios en el Preventivo de la zona 18.
Debido a ese control, el domingo, los reos del sector 11 del Preventivo causaron disturbios, por lo que fue necesario enviar a un grupo élite de guardias del SP para contener a los reclusos. En ese sector se encuentran los integrantes de la pandilla Barrio 18.
Esa situación hizo que privados de libertad no se presentaran ayer a audiencias en los tribunales, las cuales fueron suspendidas. Una de esas diligencias correspondía al caso La Sexta, sobre la muerte de Byron Lima.
“Cualquier cambio que busca un reordenamiento genera escozor y, a veces, hasta una acción violenta contra las autoridades, que en el pasado ha costado vidas”, dijo Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario.
En los 10 años que lleva la implementación de la Ley del Régimen Penitenciario ha habido 17 directores en esa institución, recuerda Esquivel. El sistema “ya cumplió su vida útil”, agregó el funcionario.
Hay desorganización
“El Estado no tiene control del sistema carcelario del país”, señaló Lizandro Acuña, experto en seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac). “La desarticulación y desorganización institucional no permiten tener el control administrativo para dirigir y mejorar el sistema. Las instituciones no funcionan”, afirmó.
El presupuesto del SP se incrementó menos del 40 por ciento entre el 2010 y el 2017. Actualmente tienen asignados Q682 millones, cifra que no solo limita la capacidad para contratar más guardias penitenciarios, sino también la inversión para capacitación.
El hacinamiento hace más difícil el control de los centros penales. El incremento de presos registrado entre el 2007 y el 2017 es muy superior al aumento en el presupuesto de Presidios y a la cantidad de guardias penitenciarios graduados cada año. En la actualidad está asignado un guardia penitenciario por cada 20 reos, en promedio.
La cantidad de guardias que se suman cada año está ligada y limitada al presupuesto que se asigna para contratación y capacitación, por lo que algunos años son 200 los nuevos guardias y en otros la cantidad puede llegar a mil, informó el vocero Rudy Esquivel.
Cárceles inseguras
De agosto del 2015 al mismo mes del 2016 murieron 146 reos en los centros carcelarios. Siete de cada 10 casos se concentraron en cinco prisiones, consideradas las más sanguinarias del país: Granja Penal Canadá, Escuintla; Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes; El Boquerón, Santa Rosa; el Preventivo para Hombres de la zona 18 capitalina y la cárcel de Puerto Barrios, Izabal.
La falta de infraestructura, capacidad de reinserción y políticas transversales de prevención alimentan el hacinamiento carcelario, sin que haya políticas a corto plazo para afrontar el problema.
Estudios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) revelan que seis de cada 10 personas que salen de prisión regresan, debido a la falta de oportunidades de trabajo, de estudios y otro tipo de actividades para rehabilitación.
“Se tiene como resultado que solo se encierra a las personas pero no hay trabajo de rehabilitación efectivo y personalizado”, señaló Corinne Dedik, del Cien.
“Así es difícil que se rehabiliten, porque no tienen asistencia. Tienen que convivir en un riesgo constante”, comentó.
El vocero de Presidios manifestó: El problema es que “las cárceles que tenemos no fueron construidas para esta demanda. La infraestructura ya caducó, no solo por espacio, sino que no es la infraestructura idónea para los perfiles a los que ahora les damos resguardo”.
Solución a largo plazo
Construir más cárceles tampoco es la solución definitiva, opinó Acuña. “Sí se necesita la ampliación, pero dentro de cinco años se tendrán los mismos problemas”, advirtió.
El investigador señaló que se deben crear mejores políticas de prevención, atención a niños y adolescentes, así como la aplicación de medidas sustitutivas para mejorar el control carcelario.
“Durante toda la historia se ha trabajado en una estrategia represiva. Se actúa después de la comisión del delito, por lo que la población no tiene esa percepción de disminución de crímenes”, dijo Acuña.
La corrupción es otro tema que debilita el éxito de la política penitenciaria, por lo que se necesita una depuración interna desde “las más altas estructuras” del SP, destacó el investigador del Ipnusac.
El último director del SP, Nicolás García, fue destituido el 11 de mayo pasado, luego de que Marixa Lemus, alias la Patrona, escapó de la cárcel de Mariscal Zavala. El entonces subdirector, Rony Antonio Santos, lo sustituyó, pero renunció dos días después. García también fue señalado, según un video en el que se le ve negociar con reos.
El nuevo director, Juvell de León, lleva apenas tres meses en el cargo.
Para Zoel Franco, experto en seguridad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), el Sistema Penitenciario “se ha convertido en un mercado criminal”. Franco destaca que trabajar e invertir en la seguridad interna de los centros penitenciarios “es un tema integral que repercute en la seguridad ciudadana en general”.
El otro tema es el de la corrupción, señaló Franco. Hay un exdirector procesado y varias personas vinculadas procesadas penalmente. A lo interno de los centros de detención el Estado está ausente, salvo cuando se realizan requisas, pero se retraen y cuando terminan los operativos regresa al control de privados de libertad. “Si queremos entrarle de fondo al tema no hay que dejarlo, porque las estructuras internas también responden a intereses externos”, añadió.
Cambio en las reglas
Carga de trabajo en los juzgados y que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción son factores que contribuyen al hacinamiento de cárceles, dice Anthony Pivaral, juez de Paz y exdirector del SP.
A la cantidad de procesos se suma la falta de aplicación de las medidas sustitutivas y de la Ley de Régimen Penitenciario, que desde hace 11 años ordenaba la construcción de cárceles de mínima, mediana y máxima seguridad en los departamentos.
La clasificación de los privados de libertad también es importante, pues para el juez y exfuncionario del SP no es lógico que alguien que está en la cárcel por un accidente de tránsito tenga que convivir con un condenado por sicariato o secuestro.
Cifras de Gobernación apuntan a que en las cárceles hay actualmente tres mil privados de libertad que ya cumplieron su condena, pero la falta de control y el no contar con un abogado que tramite la solicitud de libertad los obliga a permanecer en prisión.
