Según la información del MP, la Feci realizó 13 diligencias de allanamiento inspección y registro en inmuebles ubicados en Ciudad de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Fraijanes y Santa Rosa.
Los operativos fueron realizados con el objetivo de desarticular una estructura que operaba en el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), que creó la necesidad de adquisición de energía eléctrica mediante la creación de un contrato para favorecer a la empresa La Libertad. Este caso se denomina Amperios, un negocio deslumbrante, informó Juan Luis Pantaleón, jefe de información y prensa del MP.
“La Fiscalía contra la Corrupción realizó 13 diligencias de allanamiento en Ciudad de Guatemala, Mixco, Fraijanes, Santa Rosa y Jutiapa con el objeto de ejecutar 13 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, vinculados con el exministro Érick Estuardo Archila Dehesa, en virtud de que en el periodo comprendido del año 2014 a 2016, mediante un proceso de adquisición pública con ocasión de un contrato de servicios de suministro de energía eléctrica, se realizaron artificios para defraudar en el patrimonio del Estado”, señala un comunicado del MP.
Agrega que, “en ese sentido, mediante acciones fraudulentas convirtieron una licitación a corto plazo (2 años) en una de largo plazo (17 años), favoreciendo de forma directa a la empresa La Libertad S.A., por intervención y autorización del entonces Ministro de Energía y Minas, Erick Estuardo Archila Dehesa, empresa que, en virtud de dicho contrato, al mes de septiembre de 2021, ha sido beneficiada mediante la generación de pagos que ascienden a Q826 millones 843 mil 822.38”.
Otra órden de aprehensión
De acuerdo con la Fiscalía, también se giró otra orden de aprehensión en contra de Archila Dehesa por la posible comisión de los delitos de fraude e incumplimiento de deberes, con lo que el exfuncionario prófugo de la justicia suma tres órdenes de aprehensión.
“Cabe destacar que el señor Archila Dehesa se encuentra sindicado en dos casos por la Fiscalía Especial contra la impunidad, con orden de aprehensión vigente”, señala la misiva del MP.
Capturados
Como resultado preliminar del operativo realizado de la Fiscalía contra la Corrupción se reporta la aprehensión de 8 personas, se trata de:
- Jorge David Figueroa García (exgerente Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica -ECOE)
- Samuel Nenroth Hernández Orantes (Capturado en mayo de 2019 por falsificación de documentos. También aparece como representante de Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores)
- Jorge José Stalling Sandoval (exgerente general del Inde)
- Nancy Siboney Rivera Gularte
- Edwin Ramón Rodas Solares (exviceministro de Energía y Minas)
- Alfonso Efraín Pérez Bassir (exjefe del Departamento de optimización de Despacho de Carga del Inde)
- Claudia María Roscasermeño (Miembro de la Junta de Licitaciones del Instituto Nacional de Electrificación INDE en 2014 y 2015)
- Ekaterina Arbolievna Parrilla Artuguina (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) entre 2013 y 2015 y exviceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas en 2012).
- Sergio Ivan Sosa Ramírez
Posturas
En tanto el Inde señaló que respeta los procedimientos del MP y que las autoridades colaborarán con la Fiscalía.
“En relación a las acciones realizadas por el Ministerio Público, en las que se involucra a exfuncionarios y extrabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la administración actual reafirma su total respeto a la ley y la disposición a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario”, señala un comunicado de esa institución.
Añade que “el Instituto, con la convicción de realizar un trabajo transparente, acata todo proceso jurídico y respeta la presunción de inocencia, así como las investigaciones que se realizan. Además, mantiene firme su compromiso ante la justicia guatemalteca y el marco legal que rige”.
En tanto, el Comité Coordinador De Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) informó en un comunicado que “el representante del sector privado en dicha junta está compareciendo ante los tribunales, con el fin de colaborar con la justicia.
El comunicado añade que “los miembros de la Junta Directiva del INDE de 2014 han sido requeridos este día ante el juez por razón de un contrato otorgado ese año”.
“Sin conocer aún los detalles específicos del caso, es importante recordar que los delegados del sector privado votaron en contra del contrato en cuestión y dejaron asentada su oposición en el acta respectiva”, agrega.
También refirió que “las organizaciones empresariales se pronunciaron públicamente en contra del mismo, tal y como consta en las notas periodísticas de la época. En todo caso, es fundamental el respeto al debido proceso y un acelerado esclarecimiento de la situación”.
Señala hostigamiento político
Por su parte Archila hizo llegar un comunicado por medio de su sobrino Diego Solares, en el que señala que desde 2012 ha sido víctima de hostigamiento político y señaló al sistema de justicia de Guatemala de corrupto y cooptado.
“Desde 2012, en el cual inicia un largo camino de hostigamiento político por un sistema de justicia cooptado y corrupto en el cual he sido víctima de una violación sistemática a mis derechos humanos, hostigamiento familiar, presión editorial en mis medios, faltas al debido proceso y acusaciones sistemáticas falsas en mi contra en la que han atentado a mi honorabilidad”, dice el comunicado.
Agrega que “he tomado acciones legales en Estados Unidos, país donde públicamente resido, denunciando el actuar corrupto del Ministerio Público las cuales incluyen intentos de extorsión por parte de sus fiscales, la revelación de documentos de carácter confidencial para usos perversos y la intimidación para someter a la prensa a sus intereses entre muchos otros”.
Además, dice que “el caso que hoy judicializa el Ministerio Publico no hace más que reforzar su actuar, político y careciente de veracidad. Es evidente que los fiscales actúan en total desconocimiento de gestión pública y energética.
Por ello, aclaro lo siguiente:
- La licitación fue aprobada por el Consejo Directivo del INDE, toda vez que la institución necesitaba garantizar y respaldar los compromisos de venta de potencia y energía que adquirió en las licitaciones PEG.
- La licitación siempre tuvo como objeto buscar un oferente de largo plazo y no de dos años como equivocadamente señala el MP en su comunicado, esto está claramente documentado en las bases públicas del evento en Guatecompras.
- Los compromisos adquiridos por el INDE en ese entonces no podían ser cubiertos con las plantas existentes, ya que su energía hidráulica no era suficiente para cubrirlos en época de verano. Sin este proceso el país se hubiera visto afectado con serias faltas de capacidad de energía y por eso el ECOE solicito a la Junta Directiva del INDE la creación del evento.
- La contratación de la Generadora La Libertad es producto de una licitación pública, cuyas bases fueron aprobadas de forma unánime por el Consejo Directivo del INDE y el proceso es llevado por una junta licitadora. La oferta estuvo abierta durante tres meses para recibir oferentes, sin embargo, llego un único oferente el cual presento un precio de mercado.
- El Consejo Directivo únicamente recibe la resolución de una junta de licitación, de la cual ningún miembro de la Junta Directiva formó parte. Dicha licitación fue un evento público que cumplió con todas las condiciones de ley y reglamentos.
- Niego enfáticamente algún vínculo empresarial o personal con algún miembro del sector energético y rechazo las acusaciones burdas e infundadas que hoy hace el Ministerio Público. Lamento mucho por quienes han sido colaterales de esta persecución y sus familias, confió en la justicia de Dios, que la verdad siempre saldrá a relucir y que su inocencia será probada.
El caso
Prensa Libre publicó el 31 de octubre del 2014 que Rodas Solares, aun cuando fungía como viceministro, reconoció que fue representante de la generadora La Libertad en 2011.
El Inde adjudicó a esa generadora, que produce energía en base a carbón, en 2014, un contrato por 15.2 megavatios a US$119 por megavatio hora o sea US$0.12 por kilovatio hora por un plazo de 17 años, lo que fue cuestionado por diferentes sectores.
En ese año el Inde adjudicó otros contratos energéticos a menor precio al que otorgó a La Libertad.
