Se trata de: Silvia Patricia Valdés Quezada, José Felipe Baquiax Baquiax, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Vitalina Orellana y Orellana, Nery Oswaldo Medina Méndez, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García Molina, magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Además, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y Nester Mauricio Vásquez Pimental, magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Según la investigación del Ministerio Público, los magistrados habrían cometido actividades posiblemente ilícitas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
En un comunicado brindado este martes, el MP detalla que obtuvo “indicios como la existencia de una lista de candidatos previamente consensuada y de la cual el Congreso de la República debería elegir a magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones”.
También señala que se registraron reuniones previas y posteriores a la votación desarrollada en el seno de la Comisión de Postulación para magistratura de las salas de la Corte de Apelaciones, entre los comisionados que eran parte del acuerdo, al margen de las funciones legales de las comisiones de postulación.
Otro de los puntos presentados por el MP, es acerca de indicios de que los votos de los diez funcionarios señalados fueron determinantes para obtener el número de electores necesarios y alcanzar los mínimos indispensables, para cumplir con el requisito establecido en el artículo 2017 de la Constitución Política de la República, que señala que se requieren dos terceras partes.
Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó 10 solicitudes de retiro de antejuicio por caso #ComisionesParalelas2020 pic.twitter.com/Fwyh2C15iQ
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 8, 2021
El caso abarca a funcionarios de distintas entidades estatales, quienes ya se enfrentan procesos judiciales, como es el caso del exsecretario Privado de la Presidencia Gustavo Alejos, quien ha aportado información al Ministerio Público de cómo funcionaba la supuesta red.
También están implicados Mynor Moto, quien tiene orden de captura; Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, así como abogados y exaspirantes a magistrados de Apelaciones.
Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, se refirió a las acciones contra los magistrados de la CSJ: “El Ministerio Público debe continuar con su labor, tomando en cuenta que la persecución penal es personalísima. Asimismo, por la trascendencia del trabajo de las comisiones de postulación, todo el proceso fue abierto a los medios de comunicación y al público en general a través de las transmisiones de las sesiones. Se respeta el debido proceso de conformidad con la ley, por lo que el ente investigador tendrá que presentar los medios de razonabilidad suficientes, individualizando a cada funcionario”.
