Los colaboradores eficaces deben de formalizar su figura y beneficios declarando en anticipo de prueba ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, aunque en los últimos cinco años Ingrid Marisol Dávila Álvarez, María del Carmen Palencia Espinosa y Víctor Hugo Hernández no han podido declarar.
En el proceso ha habido demoras por amparos, agenda saturada del juzgado y cambios de juez desde que Miguel Ángel Gálvez se exilió.
En 2018 se avaló la colaboración eficaz y en el punto tercero de los acuerdos se tiene por obligatoriedad la declaración ante el juez. De no hacerlo y empezar la etapa intermedia, los sindicados podrían perder los beneficios que consensuaron con la Feci del Ministerio Público.
EN ESTE MOMENTO
“Como consecuencia del presente acuerdo, el procesado o colaborador se obliga a rendir información testimonial en calidad de anticipo de prueba ante el juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo del grupo B del departamento de Guatemala para efectos de producir prueba legal y legítima en contra de los partícipes y cualquier otra persona que pudiera estar sindicada dentro de la investigación”, determinan los convenios.
La audiencia de etapa intermedia se programó para el 2 de mayo próximo, y la Feci en menos de 11 días debe justificar y convencer a la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, de lo necesario de las declaraciones para que sean escuchados y no arriesgar los convenios.
Colaboradores
Entre los colaboradores eficaces está Hernández, quien fue contador y representante de un conglomerado de empresas que coordinó Juan Carlos Monzón, quien fue secretario de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Ese conjunto de empresas, por la investigación de la Feci se determinó que no existían, y por medio de ellas en la campaña de 2011 se recibieron aportes para el Partido Patriota (PP).
La investigación establece que las empresas de Hernández le entregaban facturas falsas y, en ocasiones, por servicios intangibles y difíciles de rastrear como “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.
Unos Q15 millones habría recibido Hernández por medio de la empresa que administraba y que eran parte de la red de Monzón y Baldetti.
Asimismo, Palencia Espinoza posee información de interés en el caso por haber sido la secretaria de Hernández.
La colaboración de Dávila Álvarez interesa a la Feci porque ella fue secretaria de Monzón en las empresas que tuvo, como por ejemplo en Canchas Deportivas, S.A. Ella a los fiscales les ha relatado cómo los operadores del extinto Partido Patriota acudían a la compañía.
Baldetti
En la audiencia de este miércoles, Baldetti anunció que no tenía representación legal y el abogado Gustavo Juárez confirmó su renuncia a continuar brindado su asesoría.
La jueza Recinos ordenó a Juárez continuar con la representación a la ex vicepresidenta hasta que consiga nuevo abogado.
