Según Franco Chacón, en 2014 se alcanzó Q 15 mil 101 millones “es decir un 100.16 por ciento de la meta” que se fijó en 2015 y subrayó que los “convenios de meta es algo que oportunamente tuvo que revisar” la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
Durante su exposición aseguró ante el Tribunal B de Alto Impacto que el exjefe de la Sat, Juan Francisco Solórzano Foppa infundió “un terrorismo fiscal, porque amenazó de meter preso a quien no realizará los pagos tributarios” y afirmó que la recaudación tributaria durante el 2016 “fueron unos Q. 350 millones menos, en números redondos” indicó.
Desde el banquillo de los acusados indicó que “no pudimos ver autorización judicial para el secuestro de Duas” y reafirmó ante las juezas del tribunal de sentencia que “no integre ninguna estructura criminal” y agregó que en la declaración que brindó en su oportunidad Salvador González Álvarez, indicó que “no se cometió ninguna defraudación, se cobraba una cola y es algo que no me consta”.
Franco Chacón aseguró que el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, expresó ante el juez Miguel Ángel Gálvez que “no era experto en temas tributarios y se atrevió a presentar está acusación” dijo.
El exfuncionario relató que al frente de la SAT estuvo “dos meses y medio, y he estado preso siete años y cuatro meses” añadió que su familia “sufrió tres años persecución por parte de la Cicig” e hizo un breve resumen de los vejámenes que sufrió al estar detenido en el Centro Preventivo para varones de la zona 18.
Reproducen audios y llamadas
El Tribunal autorizó la reproducción de una interceptación telefónica de fecha 30 de julio de 2014, en la que alguien identificado como Jorge Guillén habla con Mynor Pineda en la misma mencionan que “Omar recibe Q135 mil pesitos semanales sin hacer nada” se escucha.
Posteriormente fue reproducido un audio con fecha 25 de octubre de 2017 de una audiencia en donde testifica Jorge Guillén ante un tribunal y detalló que conoció entre marzo y abril de 2014 a Omar Gustavo Nájera, en la oficina de Osama Azziz Aranki, un supuesto jefe operativo dentro de la red y es cuestionado sobre el rol que ejercía en La Línea y respondió: “no tenia ningún rol en la organización de La Línea, solo me lo presentaron como amigo de JC (Juan Carlos Monzón) y a quien Osama le dio dinero en un bolsa”.
“Bastaba con investigar la agenda de Juan Carlos Monzón en donde estaban los números de Omar Gustavo Nájera Samyoa” dijo Franco Chacón quien aseguró que su nombre fue confundido por “un error humano”.
El exsupeindente explicó a las juezas del Tribunal B de Alto Impacto que no existe una línea de tiempo por la forma en que expuso el analista Anibal Argüello Mayen, quien realizó un peritaje y análisis de la conformación de la supuesta estructura “él (Argüello Mayen) dice que me nombraron para realizar cambios de personal y según las escuchas telefónicas se debieron realizar entre 11 de julio de 2014 al 5 de diciembre de 2014” y Franco Chacón fue nombrado en enero de 2015.
Considera que no hay prueba nueva
El expresidente Otto Pérez Molina, fue consultado por el equipo de Prensa Libre sobre sus expectativas ante la posibilidad de que el Ministerio Público presente medios de prueba nuevos, a lo que considera que después de siete años “no creo que haya alguna prueba nueva a estas alturas y si las hay, tendríamos que escuchar, analizar y ojalá se nos dé la oportunidad de desmentir”dijo.
En la fase final del juicio, el exmandatario considera que el Tribunal de sentencia va a analizar diversos aspectos que les permitirá dictar “sentencia condenatoria para algunas y para otros absueltos, ojalá yo esté entre ellos, porque la verdad que no han presentado ninguna prueba en donde me puedan involucrar directamente”dijo.
Pérez Molina no descarta la posibilidad de que el Tribunal imponga las penas mínimas, pues a su criterio el caso “fue un montaje” y tuvo fines políticos “donde se comenzó a politizar la justicia, porque lo que presentaba la Feci y CICIG, eso era palabra de Dios” y agregó que confía en la justicia guatemalteca al percibir “una actuación objetiva” por parte del Tribunal y la valoración de los medios probatorios.
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