Durante su declaración, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) le cuestionó la razón por la que acudió a la Boutique Emilio para reunirse con Salvador Estuardo González, alias “Eco”, uno de los colaboradores eficaces en juicios por actos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
“A mí me buscaron, yo nunca los fui a buscar a ellos. A mí buscan de parte de (Salvador) Estuardo González, porque tenían interés de que se levantara el emplazamiento de la SAT, porque querían despedir a trabajadores y es algo que nunca hicimos, es más, ni se hizo el intento”, declaró Segura Franco.
Agregó que “me hablaron de un proyecto. Yo nunca les pedí a ellos algo, lo que les dije (…) ´ustedes van a hacer un proyecto y si es en beneficio de Guatemala lo que quiero es que no le pongan obstáculos a los trabajadores que están sindicalizados´”.
Sobre la consulta de una reunión con Francisco Javier Ortiz Arriaga en diciembre de 2014, Segura franco dijo que “no me recuerdo, pero, de hecho, él es el que me presenta a (Salvador) Estuardo González. No me recuerdo, pero le aseguro que no fue para planificar nada”.
Además, dijo que estaba asignado en la Aduana Central, pero no tenía puesto ni computadora asignados, “solo de nombre estaba allí”.
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El pasado 31 de agosto, Segura Franco defendió su inocencia con la presentación de notas periodísticas publicadas por varios medios de comunicación, en las que, según él, denunció actos de corrupción en la SAT y en las aduanas.
Con esos argumentos, el exsindicalista dijo a los jueces que él no participó en la estructura criminal La Línea, la cual, de acuerdo con la Fiscalía, era dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes también son procesados en el Caso La Línea.
El Caso La Línea surgió de una denuncia sobre una red de defraudación aduanera que, presuntamente, era dirigida el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti. Las primeras capturas en ese caso ocurrieron el 16 de abril de 2015, año en el que también se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción.
La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el Caso La Línea.
La investigación del MP y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaba de una red de defraudación en las aduanas, que fue operada por altos funcionarios.
