Han pasado siete años desde que surgió el caso de defraudación aduanera La Línea, en el cual están implicados altos exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota, encabezado por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
La fiscal de la Feci, Leslie Rosales, aseguró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B que las escuchas telefónicas ayudaron a entender cómo se planificaban los cobros de “la cola” y luego se documentaron algunas reuniones que acordaron integrantes de la estructura criminal que, según las investigaciones, habría sido dirigida por el exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
La fiscal detalló reuniones en las que habrían participado Osama Aziz Aranki, Byron Izquierdo, Julio Estuardo González de León y Mynor Pineda.
EN ESTE MOMENTO
El pasado lunes 10 de octubre iniciaron las conclusiones por parte del Ministerio Público (MP) para conocer las pruebas que ya habían sido presentadas por la Feci en el caso La Línea, el cual se encuentra en la etapa final.
Entre las pruebas que el MP aportó durante el proceso destacan informes, llamadas telefónicas, mensajes y correos interceptados, así como fotografías de reuniones entre integrantes de la organización, documentos, facturas, libretas, expedientes detallados con pagos hechos y libros contables.
La fiscal detalló que los integrantes de la estructura criminal tenían como centro de operaciones la Boutique Emilio, a quien los acusados llamaban “La Bodeguita”, donde con frecuencia se sostenía reuniones de planificación.
Según lo programado por las juezas Irma Jeannette Valdés, Marling González y Katty Sarceño, los días 11 y 12 de octubre fueron para que el MP presentara lo que concluyó en el caso.
El caso La Línea surgió de una denuncia sobre una red de defraudación aduanera que, presuntamente, era dirigida el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti. Las primeras capturas en ese caso ocurrieron el 16 de abril de 2015, año en el que también se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción.
La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el Caso La Línea.
La investigación del MP y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaba de una red de defraudación en las aduanas, que fue operada por altos funcionarios.
