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El comienzo del juicio fue programado para el 17 de enero de 2022, siete años más tarde que se comenzara a investigarse el caso, en el que están implicados principalmente el expresidente Otto Pérez Molina y la exmandataria Roxana Baldetti.
El 16 de abril del 2015 es la fecha en la que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) promovió el caso, que involucró en ese entonces a varios altos funcionarios en una red de contrabando en el sistema aduanero del país.
Desde que comenzaron las pesquisas en este caso, unas 30 personas han sido implicadas.
Este caso representó la punta de lanza de una nueva lucha contra la corrupción de la Cicig y el Ministerio Público (MP) y que derivó en la caída del gobierno del Partido Patriota (14 de enero de 2012 al 2 de septiembre de 2015).
Los primeros capturados fueron Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el extitular de esa institución Carlos Muñoz junto a otras 17 personas entre quienes se encontraba Francisco Javier, Ortíz, alias Teniente Jerez, ligado a la red de Alfredo Moreno Molina y Salvador Estuardo González, alias Eco, presunto coordinador de la estructura.
Se sindicaba en un principio como líder de la estructura a Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti, quien se encontraba fuera del país.
Todo en una línea telefónica
El nombre del caso surgió porque a través de una línea telefónica específica la banda operaba a lo interno y externo de la SAT.
De acuerdo con las pesquisas, al momento en que algún importador quería pagar menos impuestos, tenía que llamar a un teléfono (La Línea) para empezar la negociación ilícita.
La estructura tenía todo un andamiaje de control en cargos claves de la SAT, desde mandos altos y medios hasta vistas de aduanas, los cuales tenían roles bien definidos para operar y defraudar al Estado en la salida de mercadería del recinto aduanal, previo pago de los dueños de los contenedores.
Durante la investigación, de mayo a 2014 a febrero de 2015, pasaron al menos 500 contenedores, lo que indica un elevado poder de ingresos para la citada banda criminal.
La Línea se organizó para obtener ganancias ilícitas al controlar las aduanas de Puerto Quetzal, Santo Tomás y la Aduana Central.
Para desarticular la estructura se interceptaron más de 66 mil llamadas telefónicas, más de seis mil comunicaciones electrónicas y se necesitaron más de cuatro meses de análisis e interpretación de la información recolectada, así como el cotejo y análisis de documentación por parte de expertos financieros.
El 21 de agosto del 2015, el MP y la Cicig daban a conocer avances en la investigación de La Línea, situando a Pérez Molina y Baldetti como cabecillas de la estructura, en las escuchas telefónicas eran identificados como El 1 y la 2.
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Ese día, la vicemandataria se encontraba internada en el Hospital Centro Médico, zona 10, a donde el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, llegó para notificar el motivo de su detención, después, la exfuncionaria fue trasladada a la Torre de Tribunales.
Pérez Molina se entregó a la justicia el 3 de septiembre de ese mismo año.
Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, se entregó a la justicia en octubre de 2016 después de pasar 172 días prófugo desde que se diera a conocer la estructura criminal. Monzón también colaboró con el MP.
La investigación de esta estructura derivó el descubrimiento de otros casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, conocidos como TCQ, Agua Mágica, la Cooperacha, Cooptación del Estado y Tráfico de Influencias.
