Contra los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el ente investigador pidió penas por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Para ambos exfuncionarios solicitó 30 años de cárcel y una multa de Q73.1 millones.
Para el exsuperintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, pidió 22 años de prisión y una multa de Q100 mil por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Contra el también exsuperintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, y la exintendente de aduanas, Claudia Méndez, el MP pidió 32 años de prisión y multa de Q73.1 millones.
A ambos los señala de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación tributaria.
Para los demás implicados en el caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad solicitó condenas de entre 10 y 22 años de cárcel.
En declaraciones a la prensa, el exmandatario Otto Perez Molina indicó que el MP está en su derecho de pedir la cantidad de años en el tema de condena.
Según él, el ente investigador no tiene pruebas ante algunos delitos que se le acusan y remarcó que piden 10 años por supuesto enriquecimiento ilícito sin tener pruebas para hacerlo.
Añadió que la petición de MP tenía que ser congruente con las pruebas que presentaron, porque hay un principio de objetividad.
Señaló que es “ridículo” para el MP hacer una petición de este tipo y afirmó que los abogados defensores demostrarán que lo dicho no es cierto y no hubo pruebas.
El exmandatario dijo que de haber una absolución, deducirán responsabilidades a las “personas que inventaron o que armaron este caso”.
Las primeras capturas en esta caso ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el exbinomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.
En el 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.
La investigación del MP, en conjunto con la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.
