Guatemala

Caso Molina Theissen | Tribunal condena a militares retirados con penas de entre 33 y 58 años

A las 4.30 horas de este miércoles, 13 horas después de haber citado a las partes involucradas, el Tribunal C de Mayor Riesgo llegó a la sala de audiencias para leer la sentencia contra cinco militares retirados por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe en 1981. Las penas van entre 33 y 58 años. 

Tribunal de Mayor Riesgo C lee sentencia en contra de militares acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. (Foto Prensas Libre: Paulo Raquec)

Tribunal de Mayor Riesgo C lee sentencia en contra de militares acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. (Foto Prensas Libre: Paulo Raquec)

El tribunal considera que los militares acusados participaron directamente diseñando el plan contrainsurgente y ordenando los operativos para capturar y torturar a Emma Molina Theissen, quien fue golpeada y violada por soldados, a modo de tortura, durante nueve días.  Cuando escapó, se procedió a la captura ilegal y desaparición de su hermano, Marco Antonio.

El referido tribunal está integrado por los jueces Pablo Xitumul de Paz, presidente, y los vocales Elvis David Hernández Domínguez y Eva Marina Recinos Vásquez.

Los militares retirados procesados por este caso son Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de Quezaltenango Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante; Edilberto Letona Linares, exsubcomandante; y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar.

Los acusados “pudieron haber actuado de manera distinta, pero prefirieron no obedecer los mandatos normativos de Derechos Humanos y de carácter penal que prohíbe las conductas realizadas”, leyó el juez Xitumul.

“Todos los acusados, a excepción de Edilberto Letona Linares, son responsables de violación y delitos contra los deberes de la humanidad”, señaló el Tribunal. La absolución de Linares se dio al determinar que no tenía responsabilidad en la cadena de mando.

“Esto ofende a todos los seres humanos por lo que no debe quedar en la impunidad”, dice Xitumul y agrega que reclamar que no hubo guerra interna sino un “enfrentamiento entre guerrilla y ejército” es un argumento “insostenible”, pues se involucró a la población civil para luego “atacarla sin misericordia, como lo hicieron”.

De acuerdo con la sentencia, los militares diseñaron la estrategia de tortura. De hecho, estaba en los archivos personales de uno de los acusados.

Por el delito de desaparición forzada contra la integridad de Marco Antonio Molina Theissen, fueron hallados culpables Hugo Zaldaña, Manuel Callejas y Benedicto Lucas García.

La sentencia

Por el delito de deberes contra la humanidad, en agravio de Emma Molina Theissen, fueron condenados a 25 años de prisión inconmutables Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.

Por los delitos de desaparición forzada, en agravio de Marco Antonio Molina Theisen, fueron condenados a 25 años de prisión Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas Callejas.

Por violación fueron sentenciados a ocho años de prisión Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas Callejas.

El embajador Luis Arreaga en la sala de audiencias. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec).

El Ministerio Público (MP) había solicitado penas de hasta 112 años y 6 meses de prisión para los militares.

El embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, asistió a la megasala y se retiró antes de que se conociera la resolución.

También llegaron activistas de derechos humanos y el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

En Guatemala la sentencia a los militares fue el tema más comentado en Twiter, con el hashtag #CasoMolinaTheissen.

Lucas García, hermano del fallecido expresidente Fernando Romeo Lucas García, siguió la audiencia por videoconferencia desde el Centro Médico Militar, donde se encuentra hospitalizado.

Los otros cuatro militares procesados padecen de presión alta, por lo que mientras esperaban la audiencia salieron de la sala para recibir un chequeo médico de rutina.

En la sala de audiencias se encontraban Emma Theissen Álvarez de Molina y Emma Guadalupe Molina Theissen, madre y hermana de Marco Antonio, respectivamente.

Emma Guadalupe fue capturada de manera ilegal y violada por militares en 1981. “Vengo a pedirle al Tribunal que su sentencia sea proporcional al daño provocado”, dijo el pasado lunes durante su declaración ante el Tribunal.

La familia Molina Theissen durante la audiencia de este martes. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec).

Pide exhibición personal

Un familiar del militar en situación de retiro, Hugo Zaldaña, presentó una solicitud de exhibición personal a favor del procesado para que se evaluara su estado de salud por la larga jornada que debieron esperar por la sentencia.

Jordan Rodas, Procurador de Derechos Humanos, habló sobre la exhibición personal presentada por Jeniffer Zaldaña en favor de su padre, el sindicado Hugo Zaldaña.

Militares procesados, durante la audiencia de este martes. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec).

Los hechos

El 27 de septiembre de 1981, en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la zona militar General Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada. Nueve días después logró escapar.

El 6 de octubre de ese mismo año, tres miembros del Ejército vestidos de particular llegaron a la casa de la familia Molina Theissen ubicada en la 6 avenida 2-35, zona 19, colonia La Florida para recapturar a Emma, pero al no localizarla se llevaron a Marco Antonio, de 14 años, ante la mirada de su madre. Hasta ahora se desconoce al paradero del menor.

El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instancia que condenó al Estado y ordenó buscar a la víctima, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.

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