El 28 de noviembre pasado, la Feci informó que, a requerimiento de ellos, el Juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de Mameri y Lima Machado, la cual fue celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht.
En esa oportunidad, la Feci añadió que, también se dejaron sin efecto los beneficios concedidos a los ciudadanos brasileños por los exfuncionarios de dicha fiscalía, Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Siomara Sosa Pérez, así como exmandatarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y demás personas que, según el MP, “se prestaron para avalar actos posiblemente ilegales y corruptos en agravio del Estado de Guatemala”.
“El Juzgado de Mayor Riesgo D confirmó la resolución del 4 de noviembre de 2022, por medio de la cual se señaló audiencia de primera declaración para el 1 de febrero de 2023 de los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri”, informó por medio de un video el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche.
EN ESTE MOMENTO
Curruchiche añadió que “los ciudadanos brasileños pretendían no presentarse a la audiencia judicial en la República de Guatemala, y los representantes legales de la constructora Norberto Odebrecht, S. A., accionaron para protegerlos”.
Además, agrega que “con esta resolución queda firme la audiencia para el 1 de febrero de 2023 y dichas personas deberán presentarse y responder ante la justicia guatemalteca sobre los beneficios otorgados por el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Xiomara Sosa Pérez, así como por exmandatarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y abogados particulares que avalaron actos corruptos e impunes”.
Caso Odebrecht y Guatemala
El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, entre ellos Guatemala.
Odebrecht es una empresa constructora de Brasil que se dedicó a emitir sobornos en toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.
Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que, además, participaron agencias fiscales de al menos 10 países.
Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre Suchitepéquez y San Marcos.
En ese caso, el Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.
Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.
Declaraciones de anticipo de prueba
Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado eran directivos de la constructora brasileña Odebrecht y en 2017 rindieron declaración en anticipo de prueba en el caso que se sigue en Guatemala.
Las diligencias se efectuaron en el Juzgado de Mayor Riesgo D, que tenía a cargo en ese entonces la jueza Éricka Aifán.
Ambos declararon por videoconferencia desde Brasil, donde están procesados en el caso de corrupción Lava Jato. Lo hicieron con la presencia de sus abogados en ese país y otros dos defensores que participaron en la audiencia en Guatemala.
Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí, viajaron a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.
El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.
Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.
Gobierno del PP
Lima Machado expone que, en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.
Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.
Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.
En septiembre del 2012, Sinibaldi le dijo al colaborador eficaz que era necesario agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.
En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.
Otra de las referencias de Lima Machado señala que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.
Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.
El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.
“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.
Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.
Debido a que en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a este último.
Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.
