Cristiani Calderón fue diputado del cancelado Partido Patriota y fue cercano a Roxana Baldetti, exvicepresidenta procesada por corrupción. Ocupó una curul en el Congreso desde 2012 por elección de la ciudadanía, desde entonces permaneció en ese organismo con el respaldo popular.
En 2015 fue protagonista al integrar la Junta Directiva del Organismo Legislativo; ese fue uno de los logros en su vida política y también el acabose de esta.
En los primeros días de enero de ese año, cuando empezó a ocupar el cargo de segundo secretario de la Junta Directiva del Congreso, relata que se percató de una estrategia que significaba ingresos extra: el poder de la contratación indiscriminada de personal.
Hace una semana, en la audiencia de primera declaración de Julio César Villatoro, excongresista que coincidió con Cristiani Calderón en 2015 en la directiva del Organismo Legislativo como segundo vicepresidente, se expuso públicamente por la jueza Claudette Domínguez la declaración que incrimina a ocho exdiputados.
El acta del 15 de febrero de 2021 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad contiene la declaración como testigo de Cristiani Calderón y vinculada a la directiva del periodo 2015-2016 del Congreso de la República en corrupción.
“Desde el año 2012 cuando ingresé a laborar en el Congreso de la República me percaté que los diputados que integraban la Junta Directiva (del Congreso de la República) gozaban del derecho de tener mayor cantidad de asistentes y asesores, oscilando entre 15 a 20 personas. Que podían contratar a su discreción y asignarles los salarios que ellos se consideraban”, expuso Cristiani Calderón a los fiscales de la Feci.
El relato de la manera en que se fraguó el plan para crear plazas incrimina directamente a Luis Armando Rabbé Tejada, quien era el presidente del Legislativo.
“Se solicitó al presidente del Congreso la autorización para la contratación de personal requerido por cada miembro de la junta directiva, autorizando en ese entonces el señor presidente, señor Rabbé, la contratación. Siempre y cuando no excediera la cantidad de Q150 mil al mes. De igual manera el salario que solicitaban de cada persona”, relató el testigo.
Según el exlegislador, en 2015 los diputados de la Junta Directiva “indicaban cuánto ganaba cada persona sin importar su experiencia o lo académico”.
A los fiscales, Cristiani Calderón aseguró que los legisladores de esa directiva “sabían que las contrataciones eran excesivas ya que no se contaba con espacio físico para ubicarlas. Estos se realizaban sin mayor formalismo. Además, solicitábamos que las contrataciones fueran de manera retroactiva a partir del 15 de enero de 2015, sin importar que sus servicios fueran prestados posteriormente a la fecha de contratación”.
En la declaración, Cristiani Calderón aseguró que el expresidente del Congreso, Rabbé Tejada, fue quien “instruyó a los diputados miembros de la Junta directiva que llevaran los expedientes de las personas a contratar a su despacho” y en esos expedientes se incluyó “la nota de los diputados solicitando los puestos a ocupar por cada persona”.
El excongresista, quien es testigo en este caso, confesó: “A discreción de cada diputado le fueron asignados los salarios a cada uno -de las personas contratadas-, siendo el caso que en varias ocasiones se contrataron a personas como pago de favores de campaña y en otros casos se contrataban por amistades”.
