La jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, recordó que en el 2015 el exlegislador solicitó la contratación de tres personas a las cuales tenía derecho, pero se aprovechó del cargo y gestionó y propuso la contratación de 12 personas más.
En ningún momento justificó que dicho personal fuera estrictamente necesario. Entre los contratados había salarios de Q4 mil, Q5 mil, Q7 mil Q10 mil y Q12 mil.
López Villatoro como integrante de la junta directiva del Congreso, requirió que las contrataciones se hicieran con fecha de toma de posesión retroactiva y esto surtiría efecto en el pago de salarios, lo que está fuera de ley.
Domínguez señaló que “como era posible que le efectuaran un pago a una persona durante 25 días, si nunca había llegado a trabajar”.
Algunas de las persona firmaron contrato el 16 de marzo del 2015, pero la toma de posesión indica el 15 de enero de ese año. “Ya estaban devengando salario y no habían entrado a trabajar”, resaltó la jueza.
La juzgadora señaló que algunos no tenían el grado académico requerido para ser asistentes. También otros contratados eran bachilleres.
Las 12 personas no llegaron al Congreso a trabajar y se mantuvieron en Huehuetenango en 2015 cuando cobraron los salarios.
Según el Ministerio Público, los perfiles de los 12 contratados a petición de López Villatoro no cumplieron con los requisitos.
Algunos fueron contratados como asistentes con grado académico del bachilleres y era necesario el grado universitario.
El ente investigador señaló que la contratación adicional de 12 personas causó que el Congreso pagara Q601 mil a esas personas que según la investigación no llegaron a trabajar.
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— Edwin Pitán (@Epitan_PL) May 20, 2021