El juez penal Víctor Cruz determinó que no existe “peligro de fuga” por lo que decretó prisión domiciliaria a cambio de una caución económica de Q10 para cada uno de los sindicados.
Blanco al salir de la prisión dijo a periodistas que defiende su inocencia e insta a la población a no perder “el sentimiento de alzar la voz”.
La decisión del juzgador tuvo lugar en una audiencia de primera declaración que se extendió por más de 12 horas y donde se decidió abrir un proceso penal por usurpación y depredación de bienes en contra Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.
Blanco, excandidata del partido Movimiento Semilla, junto a un grupo de estudiantes y docentes universitarios fueron señalados, el pasado 16 de noviembre, por el Ministerio Público (MP) de supuestamente “liderar” una toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos, en 2022, por parte de estudiantes que rechazaban anomalías en la elección de autoridades internas.
Además, la Fiscalía había tratado de imputarles otros dos delitos, sedición y asociación ilícita. Sin embargo, el juez Cruz decidió que no es válido que sean procesados por estas causas ya que la argumentación del ente investigador no sustenta los parámetros necesarios.
Por este mismo caso, la Fiscalía, que dirige la fiscal general Consuelo Porras Argueta, presentó la semana pasada una solicitud de antejuicio para intentar despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Arévalo de León ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta ha utilizado a la Fiscalía para efectuar un “golpe de Estado” con el fin de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”.
Con información de EFE
