La mañana de este viernes, los abogados de Sinibaldi solicitaron a los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones que se le otorgara medidas sustitutivas en el caso Transurbano, el único proceso por el cual el exministro estaba en prisión preventiva.
En la misma sesión se solicitó medidas sustitutivas para Luis Gómez y se conoció una recusación a la jueza que conoce el proceso penal del caso Transurbano.
Tanto Sinibaldi como Gómez fueron beneficiados con arresto domiciliar, pero tienen arraigo, prohibición de hablar con coimputados, deben entregar el pasaporte al MP y tienen la obligación de colocar huella dactilar cada mes.
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Además, se les puso el pago de una caución económica de Q800 mil, que la hacerse efectiva les permite salir de la cárcel. También fue aceptada la recusación y se cambian a la jueza Sara Yoc y se nombra a la jueza B del Juzgado Segundo para que continúe con el proceso.
El Ministerio Público no se opuso a otorgar los beneficios a Sinibaldi.
Sinibaldi fue implicado en este caso por irregularidades en la contratación del servicio de seguridad en el Transurbano.
El MP estableció que durante las pesquisas en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas del Transurbano fueron beneficiadas dos empresas de Sinibaldi, supuestamente de cartón.
Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., las cuales recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa.
Sinibaldi también ha estado implicado en los casos Odebrecht y Cooptación del Estado.
En el caso Odebrecht, el pasado 5 de julio el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez Juan José Jiménez Texaj, cerró la investigación en contra de Sinibaldi al decretar el sobreseimiento del caso, según informó el Ministerio Público (MP).
En Cooptación del Estado, la jueza Claudette Domínguez, titular del del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala otorgó el 30 de noviembre de 2022 arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones.
Corrupción en Guatemala
El país ha tenido nueve presidentes desde el regreso a la democracia en 1985, dos de ellos condenados por corrupción.
Alfonso Portillo (2000-2004) cumplió condena en Estados Unidos y Guatemala por lavado de dinero, mientras que Otto Pérez (2012-2015) renunció acusado de dirigir fraudes de aduanas y purga una condena de 16 años de cárcel.
Sin embargo, en 2019 la lucha contra la corrupción sufrió un retroceso con el fin de la Cicig, un ente avalado por la ONU que investigó sonados escándalos desde 2007.
La actual fiscal general, Consuelo Porras, fue incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de actores “corruptos”, junto con otros fiscales y jueces en ejercicio.
