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El fallo fue en pleno extraordinario este 17 de mayo, algo poco usual porque ordinariamente ese tribunal no sesiona los viernes. La reunión terminó a las 18.45 horas.
El expediente lo conocieron los cuatro magistrados titulares y un magistrado suplente, la votación fue 4-1, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela, Gloria Porras y Cristina Fernández; Neftalí Mejía razonó su voto.
El caso no pasa a la CSJ sino que sigue en manos de la CC para que resuelva en definitiva, para lo cual no hay plazo, debido a que algunos diputados señalados en este proceso presentaron amparos al argumentar que hubo violaciones a sus derechos constitucionales.
El análisis del amparo se conoció hoy previo a la salida del país del magistrado José Francisco de Mata Vela, razón por la que se había pospuesto la discusión para dentro de dos semanas.
El retiro de la inmunidad de Torres fue solicitado por el Ministerio Público (MP) por la posible comisión de los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por un caso de financiamiento electoral no reportado en el proceso electoral del 2015.
Pero la CSJ decidió mantener la inmunidad a Torres el 27 de febrero en una resolución que, sin entrar a conocer, dice que no hay indicios suficientes. Aquí también se favorecieron cuatro diputados y dos alcaldes de ese mismo partido a quienes las autoridades solicitaron el retiro de inmunidad.
Luego de esa resolución se filtró un audio en el que se escucha a Torres conversar con Gustavo Alejos, antiguo operador del partido, sobre un financiamiento de Q40 millones para la campaña electoral del 2015, recursos que no fueron reportados por la UNE al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Contradictoriamente, el caso por financiamiento sí ha tenido avances contra quienes no tienen inmunidad.
El propio Alejos y tres personas están procesadas por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
No hubieran dado amparo
El investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Elvyn Díaz cuestionó la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre los alcances del expediente.
“Lo que está haciendo la Corte y para que lo pueda comprender la población es retardar la situación jurídica y generar incertidumbre sobre la situación jurídica de la candidata Sandra Torres. La resolución es prácticamente igual a no otorgar el amparo provisional”, dijo Díaz.
La decisión de la Corte da un escenario que no tenga ninguna dificultad en participar en la primera o segunda vuelta y que sean los resultados de las elecciones los que puedan cambiar la situación jurídica de ella, en caso perdiera la elección pierde su inmunidad.
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