La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, que otorgó medida sustitutiva de arresto domiciliario a favor de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, implicado en el caso Transurbano.

El fallo favorece a Sinibaldi, luego de que un juez que llevó el proceso había sido recusado, por lo que dicha Sala conoció y otorgó las medidas a favor del exfuncionario.

Los magistrados rechazaron la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación, que pedía se revocara la resolución de la Sala otorgada a Sinibaldi en el 2023.

El procesado ante la Sala había solicitado que por motivos humanitarios y se le permitiera salir de prisión porque padecía “policimentía secundaria”, y su salud se había agravado.

Contexto histórico del caso Transurbano

El proyecto Transurbano se inició en el 2008, con el objetivo de modernizar el sistema de transporte público en la Ciudad de Guatemala mediante el uso de un sistema prepago para buses urbanos.

A través de audiencias e investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, se detectaron múltiples irregularidades: sobreprecios en insumos, adquisición de maquinaria que nunca se utilizó, equipos almacenados y obsoletos, desvío de fondos públicos, así como contratos de seguridad sin justificación técnica.

Se estimó que el costo del proyecto fue de Q270 millones (unos 35 millones de dólares) y que buena parte de esos fondos se habría perdido o no se usó conforme a los términos del contrato.

Algunos exfuncionarios y empresas privadas vinculadas enfrentaron cargos penales, medidas cautelares y exigencias de reparación del daño, además de fuertes cuestionamientos públicos sobre la transparencia en el uso de los recursos.

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