Para presentar la inconstitucionalidad Gómez fue auxiliado por el abogado Leonel Enrique Castañeda Tejada, quien luego renunció a la acción presentada.
Por lo anterior, la CC otorgó un plazo de 3 días después de su notificación para que el denunciante presente el reemplazo del abogado que renunció para que el expediente siga en trámite.
“A todo expediente se le da trámite de oficio, primero pasa a viabilidad y si todo esa bien continúa el trámite. En este caso uno de los abogados señalados como litigantes dentro del expediente renunció, por lo que la CC dio un plazo de 3 días para que presentarán al nuevo abogado que estaría en representación dentro del expediente”, informó Comunicación Social de la CC.
¿Quién es Otto Gómez?
Otto Gómez es un profesional del derecho que ha figurado como defensor de personas involucradas en casos de corrupción y narcotráfico. Entre algunos de sus clientes se encuentran Anabella de León, exregistradora general de la propiedad y la progenitora de la exdiputada Emilene Mazariegos, ambas acusadas por investigaciones encabezadas por la Feci y la extinta Cicig.
Así mismo, defendió a Haroldo Mendoza Matta, vinculado con la apropiación de tierras en Morales, Izabal, también asistió legalmente al narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias “el Taquero”, señalado por su eventual participación en la muerte de Byron Lima Oliva.
En noviembre del año pasado, Gómez fue víctima de un ataque armado y a su ingreso al Hospital General San Juan de Dios responsabilizó por su situación al Presidente y al Ministerio Público.
Opiniones
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó recientemente que la Feci tiene dos capítulos. El primero, en el que era el brazo operativo y “oficializador” de las investigaciones que se realizaban en conjunto con Cicig.
Luego, cuando no se renueva el mandato de la Cicig, la fiscal general, Consuelo Porras, modificó el acuerdo de la Feci y la elevó a la categoría de fiscalía de sección, con lo cual se incorporó al esquema organizacional del MP. Por tal motivo, Quezada considera que la existencia de la Feci no es inconstitucional.
“La actualización que le da la Fiscal General hace que no sea inconstitucional el acuerdo -de la Feci-, ahora el acuerdo no tiene vicio de inconstitucionalidad porque se actualizó”, opinó Quezada.
Por su parte, Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), recuerda que la Feci se incorporó al esquema organizacional luego de que no fuera renovado el mandato de la Cicig para que continuara con los procesos penales que ya estaban en marcha.
“En términos generales, la fiscalía especial cuenta con marco normativo interno del Ministerio Público”, dijo Díaz.
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Álvaro Montenegro, de Justicia YA, considera que la acción de Gómez es un intento para destruir el avance de la justicia de los últimos años.
“Con la destrucción al Estado de Derecho en este mes es factible que la CC acepte la inconstitucionalidad, independientemente de si hay asidero legal o no. Nosotros llamamos a la ciudadanía a exigir un alto a estos atropellos”, dijo Montenegro.
En la misma línea se pronunció el vicepresidente Guillermo Castillo en su cuenta de Twitter.
“Es necesario que los guatemaltecos apostemos por el fortalecimiento de los órganos de control e investigación. La lucha contra la corrupción no será efectiva si debilitamos o suprimimos unidades de trabajo. Lejos de desmantelar a la Feci debemos dotarle más capacidades y recursos”, dijo el vicepresidente.
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, también comentó que “anular el acuerdo de creación de la Feci sería un retroceso para la justicia. A la luz están los grandes logros en materia de lucha contra la corrupción e impunidad”.
Con información de José Pablo del Águila
