Se trata de una asistencia declarada con lugar para la debida ejecución del amparo provisional del 18 de noviembre de 2020 promovida por la PDH ante la amenaza de que no recibir a tiempo los fondos para terminar ese periodo fiscal.
Un comunicado de la CC expresa que los informes demuestran que los fondos no llegaron a la procuraduría a pesar de que el Ministerio de Finanzas los trasladó en su totalidad al Congreso.
La resolución establece que se comprende que el monto total que debe desembolsarse del Congreso a la PDH para el ejercicio fiscal 2020 como presupuesto ordinario asciende a Q120 millones aprobado para ese ente en el decreto 25-2018, al que debe sumarse el aporte extraordinario de veinte Q20 millones que fue aprobado por medio de la ampliación presupuestaria en el acuerdo 8-2020 del Legislativo.
La resolución tuvo los votos disidentes de los magistrados Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto.
La PDH declaró que “pretender supeditar económicamente el trabajo de PDH al Congreso es contrario a la Constitución” y que ante la resolución de la Corte “ya no hay pretexto para negarse a otorgar los fondos legalmente asignados”.
