Según se informó este 20 de diciembre, la decisión de los siete magistrados de la CC que conocieron el expediente fue unánime.
Los magistrados que conocieron fueron Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Walter Paulino Jiménez Texaj.
Con esta resolución, la CC blinda la figura del fiscal general y jefe del MP, que solamente podrá ser destituido por el presidente del país cuando enfrente una condena con sentencia en firme.
Se señaló que la CC rechazó tres acciones de inconstitucionalidad, que se incluyeron en una misma resolución.
Los expedientes acumulados eran el 6237-2023, 6288-2023 y 6295-2023 y fueron presentadas autoridades indígenas y dos grupos de abogados.
Las acciones pretendían la suspensión de párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, que establece las causas para la remoción del fiscal general y que se reformó en 2019.
Con esa reforma, la remoción del jefe del MP podía hacerse solo con causa justificada que debía entenderse por “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva”.
Las inconstitucionalidades buscaban que se le devolviera la potestad al presidente de la República de destituir al jefe del MP por causa justificada y se retirara del artículo la mención a la condena.
En la coyuntura actual, lo que se pretendía era que Bernardo Arévalo, al asumir el cargo el 14 de enero del 2024, tuviera la potestad de destituir a Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del MP, a quién varios sectores señalan de encabezar acciones judiciales contra Arévalo, otros integrantes de Movimiento Semilla y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
En el pasado, se generaron bloqueos y protestas ciudadanas para exigir la salida de Porras del MP, por supuestamente promover un golpe de Estado.
De esto también señalan al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; las fiscales auxiliares Cinthia Monterroso y Leonor Morales y el juez séptimo penal, Fredy Orellana, a quienes los sectores les acusan de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Líderes indígenas habían exigido al presidente Alejandro Giammattei la destitución de Porras, pero este les dijo que debido a las reformas a la Ley Orgánica del MP, el mandatario ya no tenía esa potestad.
