La resolución de la CC mantiene en firme la suspensión de Xitumul mientras el profesional resuelve su situación jurídica.
Cuando la CSJ decidió retirarle la inmunidad a Xitumul en febrero pasado, también determinó que debía ser separado de su cargo como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C.
En el amparo, Xitumul argumentó a la CC que la decisión de la CSJ no contaba con la fundamentación legal necesaria porque “no se cumplió con realizar el análisis y estudio exhaustivo” sobre su situación jurídica.
EN ESTE MOMENTO
Pierde inmunidad
La CC resolvió el 3 de noviembre pasado que el juez anticorrupción Pablo Xitumul podrá ser investigado por una denuncia interpuesta en su contra por un agente de la Policía Nacional Civil.
La Corte de Constitucionalidad falló en contra de Xitumul y confirmó que perdió su inmunidad y la Fiscalía de Guatemala podrá investigarlo por un supuesto caso de abuso de autoridad cometido en 2019.
La resolución fue avalada por unanimidad por los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conocieron el caso.
El juez Xitumul, presidente del juzgado de mayor riesgo “C” del Organismo Judicial, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque el Supremo de Guatemala lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.
Esta denuncia la interpuso el inspector policial José Cuxaj, quien acusa a Xitumul por abuso de autoridad durante una inspección policial al vehículo del juez el 2 de febrero de 2019.
Sin embargo, el juez acusó del mismo delito al agente policial, por supuestamente haberlo agredido durante el incidente y el inspector fue enviado a juicio el 28 de marzo de este año.
Xitumul ha sido juez de mayor riesgo desde 2011 y ha dictado sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).
También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.
Además en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción.
La Federación Latinoamericana de Magistrados advirtió en un informe emitido el 18 de octubre pasado que los jueces y magistrados de Guatemala que han emitido fallos anticorrupción en el pasado ahora están viendo vulnerados sus derechos.
Según la presidencia de esta organización de magistrados, “los jueces guatemaltecos están en situación de peligro inminente, de criminalización y de necesaria salida del país”.
Al menos 23 operadores de justicia entre jueces y fiscales de Guatemala se han exiliado en Estados Unidos desde 2019 por persecución penal en su contra.
El juez Xitumul ha rechazado la resolución del máximo tribunal y señaló que se trata de una decisión que tiene como fin lograr que no pueda volver a impartir justicia.
