El amparo otorgado por el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, constituido en tribunal de amparo, había detenido las pesquisas con el argumento de que los procedimientos en la Contraloría no fueron agotados.
La PGN argumentó que el amparo otorgado incumple con el presupuesto procesal de “legitimación pasiva”, en virtud de que el acto señalado como reclamado -la denuncia de la Contraloría- es un procedimiento normal que se deriva del hallazgo de la auditoría hecha a la contratación de Marroquín y que no puede ser impugnado.
El ocurso tuvo un efecto colateral contra Aldana, porque en principio la PGN solo actuó contra el amparo otorgado a Rootman Pérez, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público, ahora colaborador de la campaña de Aldana y quien también fue denunciado por la Contraloría, pero alcanzó a la exfiscal General porque fue amparada por las mismas circunstancias que Pérez.
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“Por esa razón, la Corte efectúa el análisis sobre el cumplimiento de presupuestos procesales con relación a ambas acciones”, expuso la Corte.
Mantiene finiquito
La resolución de la Corte de Constitucionalidad por el momento no pone en riesgo la candidatura de la exfiscal, que será proclamada candidata a la presidencia por el partido Semilla el 10 de marzo próximo.
Según una fuente, la constancia transitoria de reclamación de cargos -finiquito- que obtuvieron Aldana y Pérez tienen total vigencia por considerar que fueron emitidos por la autoridad correspondiente. Para ser inscritos candidatos necesitan que dicho documento no exceda de seis meses.
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Instalan comisión
El 7 de septiembre del 2018, el diputado Felipe Alejos aprobó un acuerdo que da vida a una comisión para que investigará la compra de un edificio para el MP, durante la administración de Aldana.
La Comisión se centró en verificar si la compra del edificio tenía irregularidades debido a que el inmueble tubo un costo de Q35 millones. El edificio está ubicado en la zona 5.
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