Los delitos por los cuales Gálvez ordenó que el caso denominado Lavado y Política vaya a debate son asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
También es señalado de falsificación de documentos, revelación de información confidencial, obstrucción de la justicia, defraudación tributaria y peculado por sustracción. Queda pendiente programar la recepción de las pruebas.
Gálvez ordenó al Ministerio Público (MP) que investigue a las autoridades del Banco G&T Continental que resulten responsables de haber permitido a Morales Guerra hacer “transacciones irregulares” en la entidad.
En relación con la decisión judicial, Carlos Granados Moreno, gerente de Mercadeo y Comunicación del Grupo Financiero G&T Continental, manifestó: “Ratificamos que a partir del año 2009 reportamos en varias oportunidades las operaciones de Francisco Morales Guerra y empresas vinculadas, con conocimiento de las autoridades, derivado del estricto cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero. De esa cuenta, a partir de enero del 2011 se cancelaron todos los servicios bancarios que esta persona poseía con nuestra institución. Para nosotros es importante continuar apoyando con cualquier información relacionada a este caso, colaborando así con lo que las autoridades dispongan; estando siempre en la mejor disposición de atenderlos”.
Estructura
Morales Guerra supuestamente encabezaba la red que entre los años 2008 a 2011 habría recibido grandes sumas de dinero en efectivo, en moneda extranjera, y los introdujo en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían aparentemente del narcotráfico.
Según Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así.
“Mantenía una relación con los hermanos Barquín -Edgar y Manuel- y el diputado -Jaime- Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas”, mencionó el comisionado.
En la estructura también había empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.
Juez Miguel Ángel Galvez continúa pronunciamiento por otros delitos. @prensa_libre pic.twitter.com/MUkZZ7Sx0Y
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 25, 2016
