Guatemala

Arranca juicio por el caso IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal comenzó ayer el juicio en contra de 20 acusados en los casos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), denominados IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula, por supuestamente haberse beneficiado con el otorgamiento de contratos.

Veinte personas son acusadas por corrupción en contratos del Seguro Social. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Veinte personas son acusadas por corrupción en contratos del Seguro Social. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El primer caso detalla a un grupo de empleados de la institución, incluyendo a  exintegrantes de la Junta Directiva encabezada por Juan de Dios Rodríguez, quienes acordaron dar a la Droguería Pisa un contrato para atender a los afiliados  enfermos renales. Varios pacientes murieron después del cambio de empresa.

El otro expediente se refiere a arreglos que se hicieron al edificio en el cual funcionaba la clínica del Seguro Social en Chiquimula, en el que estaría involucrado el exdiputado Baudilio Hichos, dueño del inmueble, quien de manera irregular habría sido beneficiado con un contrato por arrendamiento de la propiedad.

El  juicio  contra el médico Jorge Mario López, exdirector médico de la clínica de Chiquimula, se efectuará por aparte. En febrero pasado, el galeno fue separado del resto al beneficiarlo con el cierre parcial del caso, situación que se revirtió después.

Por separado

El Ministerio Público pidió al Tribunal dar un plazo de espera para comenzar el debate, mientras llegaba el expediente del médico Jorge Mario López, exdirector médico de la clínica de Chiquimula.
 
En febrero pasado, el Juzgado Sexto Penal benefició a López, con el sobreseimiento del caso en su contra, por falta de indicios que lo vincularan con la investigación IGSS-Chiquimula, pero por una impugnación de órgano acusador, la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal revocó el fallo y ordenó que se le enviara a debate.
 
El Tribunal consideró que no era prudente esperar, pues habría otros acusados que permanecían en prisión preventiva, por lo cual, de aceptar la petición del Ministerio Público, se habrían vulnerado los derechos de los procesados en cuanto a ser juzgados en un plazo razonable.
 
Desde que ocurrieron las primera capturas, por el caso IGSS-Pisa, ha pasado un año y cinco meses hasta el inicio del juicio.