Pero el testimonio de Monzón, exsecretario privado de Baldetti, podría ser anulado, si las acciones judiciales en otro caso en donde fue colaborador eficaz quedan sin materia. De acuerdo con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, es falso que la Fiscalía vaya a pedir que se revoque el acuerdo de colaboración eficaz de Monzón, al menos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.
Curruchiche agregó que, en ese caso específico, el órgano investigador no pedirá que se revoque su declaración, aunque no aclaró si de la misma forma actuará en todos los procesos judiciales en que Monzón colaboró con información, uno de estos el contrato oneroso entre TCQ y EPQ.
“Un grupo criminal”
En el 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Feci y el Ministerio de Gobernación, en conferencia de prensa, revelaron una estructura liderada por Pérez Molina y Baldetti. Se aseguró que se firmó un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas, sobre el cual se construiría y operaría una nueva terminal, con una inversión de por lo menos US$255 millones. Los entonces gobernantes recibirían al menos en comisión ilícita US$24.5 millones.
El negocio se inició en el 2012, meses después de que el binomio del Partido Patriota (PP) obtuviera la Presidencia. La propuesta de Pérez era que TCQ, S.A., dotara a la EPQ de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores. Pero, para ello, según el ente investigador, operó un grupo criminal integrado por 17 personas en total, en donde cada uno tenía un rol definido.
La rosca
A meses de haber tomado posesión, Pérez Molina designó como operador de la EPQ y enlace al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, quien también era la persona que volaba los helicópteros en los que se desplazaba Pérez como candidato a la Presidencia de la República en época de campaña. El entonces mandatario, a recomendación de Lozano, designó como interventor de la Portuaria al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, y este incluyó en su equipo a William Anthony Schwank López, empresario español que tiene solicitud de extradición a Guatemala.
Por el lado de la Vicepresidencia se designó a Julio Rolando Sandoval Cano para que ocupara el puesto de subinterventor de la EPQ y sería el encargado de firmar todos los documentos del usufructo oneroso, en tanto que la negociación ilícita entre Guatemala y los empresarios españoles estuvo a cargo de Monzón.
Una de las reuniones pactadas entre Monzón y los empresarios de TCQ Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez se realizó en Cancún, México. Ahí, según el colaborador del caso, Pérez y Baldetti requirieron por medio del entonces secretario privado que el pago de las comisiones que les correspondía fuera en efectivo y que estos no tendrían que extenderse más allá del mandato, por lo que el binomio presidencial exigió que el último desembolso se entregara en octubre del 2015.
“Pérez Molina utilizó su cargo como presidente para facilitar el negocio e intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ, S. A., promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con el respaldo gubernamental”, se lee en el informe de la Cicig.
En ese caso, también sobresale el nombre de Gustavo Martínez, quien fue secretario privado del exmandatario Pérez Molina y quien enfrenta a la justicia por cohecho activo. Según el MP, su función fue interferir en diversos actos dirigidos a la realización del proyecto portuario.
Los otros implicados
Jhonatan Harry Chévez era el encargado de adquirir bienes e inmuebles para la expareja presidencial para lavar el dinero adquirido de forma ilícita. Además, se hizo mención de Lázaro Noé Reyes Mata, quien fungía como secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puerto Quetzal; Julio Norberto Esquivel Orellana, líder sindical de EPQ; Julio César Zamora Álvarez, dirigente del sindicato, asesinado en abril del 2020 en Puerto San José, Escuintla, y Samuel Aceituno Juárez, quien era el administrador de la empresa Proyecto Rentables de Inversión, S. A., ligada a Baldetti.
El MP dijo en su momento que esa asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la concreción de ese proyecto, del cual los involucrados obtendrían lucro, y dirigían acciones llamadas a ocultar y blanquear el dinero recibido de origen ilícito.
Tanto el proceso de TCQ como Cooptación del Estado están pendientes de apertura a juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por Miguel Ángel Gálvez, el cual ha sido suspendido por varios años.
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, quien participó en la conferencia del 2016 cuando se reveló el caso de la Portuaria Quetzal, dijo: “Existe una clara línea de impunidad que ha trazado la mafia política corrupta en relación con los casos que la Cicig evidenció. El riesgo es inminente, en donde seguramente los dejarán sin efecto, para que los responsables queden en impunidad”.
