De acuerdo con el análisis de Argüello, la estructura de La Línea se basaba en los niveles jerárquicos de sus 49 integrantes para la toma de decisiones y para la distribución de ganancias ilícitas, producto de la defraudación aduanera, que era el eje central de esa organización.
Relató que, tanto Pérez Molina como Baldetti eran quien dirigían las operaciones de La Línea y por ende quienes exigían la entrega reportes del “paso de contenedores y de las ganancias ilícitas percibidas en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla”.
Además, dijo que se determinó que influyeron en el nombramiento de Álvaro Omar Franco Chacón como superintendente de la SAT y que delegaron por medio de Juan Carlos Monzón Rojas a Geovanni Marroquín Navas “para controlar el actuar del superintendente”.
El análisis concluye en que ambos funcionarios, que son juzgados en ese caso, aprovecharon su investidura para liderar “la organización criminal La Línea”, donde cada uno de los integrantes tenía funciones específicas encaminadas a la comisión de actos de corrupción en las aduanas anteriormente descritas, donde negociaban las “declaraciones de mercancía con base a tablas de precios establecidas por la misma organización con lo que defraudaban al Estado”.
Argüello dijo que la Línea operó entre el 8 mayo de 2014 al 16 de abril 2015 y que durante ese tiempo Pérez Molina y Baldetti designaron como líder operativo a Juan Carlos Monzón Rojas, aprovechando que era el secretario de la exvicepresidenta para que trasladara instrucciones a los otros integrantes.
Dijo que se estableció que se caracterizaban por las relaciones de poder entre sus integrantes, por lo que Pérez Molina y Baldetti eran los de más jerarquía, por lo que a ellos se les entregaban cuadros de control de paso de contenedores en aduanas y reportes de ganancias ilícitas producto de la defraudación aduanera.
Esa misma jerarquía establecía que a Pérez Molina y a Baldetti “les correspondía el porcentaje de ganancias más altas recaudas por la organización criminal”.
