En el expediente consta que se le otorgó una libertad condicional, que es un beneficio penitenciario por cumplir con una serie de requisitos. Uno de los efectos es que el reo se compromete a hacer trabajo social durante determinado tiempo.
Los registros del Sistema Penitenciario señalan que Requena Mazariegos estuvo recluido en cuatro cárceles. Su ingreso se reportó el 23 de julio del 2011, en ese momento fue llevado al Preventivo para Hombres de la zona 18. Después fue enviado a Cantel, Quetzaltenango, estuvo en la base militar Matamoros, zona 1, y finalizó en la brigada Mariscal Zavala, zona 17.
La Ley estipula que si una persona es condenada en dos debates distintos, las penas impuestas no se suman, sino que la mayor absorbe la otra. Además, las penas se computan desde el momento en que una persona es detenida. Requena Mazariegos fue capturado en el 2011.
El cómputo de la sanción impuesta a Requena Mazariegos está consignado en la resolución ejecutoria 2871-2010, agregada a la 1145-2010, en la que constan otros sentenciados.
La investigación y la acusación de los hechos figuran en el expediente judicial, 01076-2010-00002.
El caso
El Ministerio Público demostró que Requena Mazariegos fue parte de la estructura que en abril del 2009 ingresó a un complejo de bodegas ubicado en Amatitlán y robó cocaína.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional Civil involucrados con la red, y el resultado fue de cinco elementos muertos a causa de heridas de bala por un enfrentamiento armado que sostuvieron con integrantes del grupo de los Zetas.
El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Requena Mazariesgos a seis años de prisión por lavado de dinero en julio del 2012 y lo absolvió por asociación ilícita, pero acciones legales entabladas por el órgano acusador lograron que una Sala de Apelaciones ordenara un juicio contra el exfuncionario por el otro delito.
En junio del 2013 el Tribunal de Mayor Riesgo A declaró culpable a Requena Mazariegos por haberse asociado con la red que robó la droga. Fue condenado a ocho años de prisión.
La investigación del caso contó con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y ha desencadenado juicios y condenas contra varias personas, entre quienes figuran agentes de la Policía y particulares.
