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El exdetective Alberto Encarnación Barrios Rabanales fue condenado a 35 años de prisión. Mientras que los también exdetectives Martín Alejandro García Mejía, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva deberán pasar 41 años y ocho meses en prisión.
Fueron culpables de los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Alberto de Jesús Guerra Galindo -desaparecido- y Gonzalo Cifuentes Estrada-asesinado- a quienes inculparon con la muerte de su compañero.
El fallo lo leyó la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo D, Sara Yoc, en la sala de audiencias del primer nivel de la Torre de Tribunales, donde se incrementó la seguridad del Organismo Judicial (OJ).
“Para este Tribunal quedó demostrado que el investigador Mérida Escobar estableció que el especialista del Ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez asesinó a la antropóloga Myrna Mack y por su conclusión fue asesinado”, dijo Yoc.
Los jueces Wendy Coloma y Estuardo Morataya refrendaron la sentencia condenatoria a los exdetectives.
“El investigador Mérida solicitó el auxilio de sus superiores ya que que temía por su vida, se sentía perseguido, sin embargo, no se prestó el apoyo. Es más, este crimen fue planificado con anterioridad. Hubo complicidad de los cuatro acusados”, dijo Yoc.
En cuanto a los agravios el Tribunal especificó que después de haber consumado el asesinato del detective ya había sido aprehendido en Chimaltenango Guerra Galindo quien está desaparecido desde entonces. Además, Cifuéntes Estrada fue golpeado y torturado hasta obligado a confesar que había asesinado al detective.
Posturas
“Es una injusticia. Son pruebas implantadas. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Únicamente nos compromete. A nosotros de lo que nos acusan, nada que ver”, dijo González Grijalva al salir de la sentencia y ser llevado a una prisión.
A su lado iba Barrios Rabanales quien dijo: “Este es un caso político de la Fundación Myrna Mack. Ella -Helen Mack- sobrevive de eso para seguir manteniendo su fundación, nosotros no tenemos nada por la muerte que era un compañero. Es un caso político”.
Los otros dos condenados prefirieron abstenerse de emitir alguna opinión al respecto del fallo.
La activista Helen Mack estuvo en el debate -es querellante- y se refirió a que está tranquila por el final del juicio. “Ahorita lo que hemos probado mediante a prueba documental, científica y testimonial que el caso de mi hermana fue una operación especial de inteligencia”.
“Lo que perseguía era la impunidad y para poder dejar en la impunidad, pues mataron a Mérida Escobar quien fue el que identificó a Noel de Jesús Beteta Álvarez y desviar la investigación para procurar la impunidad”, agregó Helen Mack.
Este fue el segundo juicio debido a que los cuatro exdetectives ya habían sido condenados a 25 años de cárcel aunque por diversas acciones legales la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó repetir el fallo en 2017.
El crimen
La muerte de Mérida Escobar sucedió cuando este salió de la antigua sede de la PN, ahora Ministerio de Gobernación y caminaba por el parque Concordia.
La investigación contiene el testimonio que brindó la víctima ante una judicatura en donde predijo su muerte, debido a que había logrado identificar a Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue especialista del Ejército, como el autor del crimen contra la antropóloga Myrna Mack.
Mack efectuaba un estudio por las víctimas que eran desplazadas en el interior del país por petición de pobladores de las Verapaces, según su hermana Helen Mack.
Ordena abrir pesquisas
El Tribunal ordenó que se abra una investigación contra Acisclo Valladares Molina, exprocurador General de la Nación en ese entonces, ya que el detective había denunciado que estaba amenazado y “no se prestó el apoyo adecuado, por eso se ordena al Ministerio Público lo conducente contra Valladares Molina y exintegrantes del Ejército que participaron en los hechos”.
Antropóloga
Myrna Mack fue apuñalada en la 12 calle y 12 avenida, zona 1, el 11 de septiembre de 1990. Cuatro días antes fue presentado un informe que detalló detalles acerca de los desplazamientos humanos que estaban relacionados con las políticas de tierra arrasada, que fueron iniciados por los gobiernos militares desde 1980.
En este caso ya fue condenado Beteta Álvarez en 1993 a 25 años de prisión. El fallo cobró sentencia en otras instancias un año después.
El Tribunal ordena lo conducente contra el entonces titular de la @PGNguatemala, Acisclo Valladares Molina. pic.twitter.com/4gPqW2CChd
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 6, 2019
