El resto aseguró que por recomendación de sus abogados defensores se abstendrían de emitir comentarios o que posteriormente se pronunciarían contra los señalamientos.
La audiencia llegó ayer a la sesión número cinco, y se prevé que se extienda hasta la semana siguiente. Desde el 2 de junio recién pasado, cuando se efectuaron las capturas del caso, hasta hoy, se cuentan 20 días sin que se resuelva la situación jurídica de los señalados.
Declaraciones
Antes de escuchar a Berganza Colindres, ex subsecretaria administrativa y de asuntos de seguridad de la Presidencia, el juez nombró a cuatro sindicados que manifestaron su falta de interés por declarar.
Berganza Colindres afirmó haber trabajado en la organización del Partido Patriota (PP) y que se encargaba del manejo de las finanzas de la agrupación.
Aseguró que ella recibía los aportes en efectivo o por cheque que se hacían al PP, y que ninguno fue entregado en el anonimato. Agregó que no trabajó con los financistas.
Reconoció que las empresas Adinse y Multiempresarial HJ&AV hicieron aportes para la campaña del 2011 y que sabía que tenían relación con Monzón porque este se encargaba de buscar a los financistas. Rechazó haber tenido relación con Publiases, Serpumer, Comercial Urma y Publicmerc.
Julio Barrios, de Mayafert, señaló a Monzón de ser un “extorsionista” en alusión a los sobornos que cobraba, con lo cual corrobora lo declarado por el colaborador eficaz.
Edín Barrientos fue el último en declarar. Refirió que desde hace tres años intenta participar en actividades de medios de comunicación y a ello se debió la compra de Corporación de Noticias.
Dijo que sostuvo reuniones con Gonzalo Marroquín, expresidente del consejo administrativo de la entidad, y su hermano Luis Marroquín. Aseguró que en el 2012 fue adquirido el cien por ciento de acciones de la empresa, por cuatro agrupaciones de cooperativistas: Federación de Cooperativas de las Verapaces, Federación de Cooperativas de Guatemala, Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca) y el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya.
Al finalizar las negociaciones se detectó la falta del pago de impuestos desde por lo menos 1998. Los Marroquín dijeron que había una promesa de los anteriores dueños de buscar mecanismos para solucionar la situación.
Al mismo tiempo, los cooperativistas pidieron al entonces presidente Otto Pérez Molina la exoneración del pago de multas e intereses.
Agregó que el 3 de enero del 2013 el entonces mandatario notificó a Gonzalo Marroquín la condonación del 90 por ciento de la multa e intereses que se adeudaban, equivalente a Q8.3 millones.
Barrientos dijo que ese mismo año Víctor Hugo Hernández se acercó a Cideca y manifestó ser representante de inversionistas salvadoreños interesados en comprar acciones de Corporación de Noticias.
Cideca vendió 900 mil acciones a las entidades Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S. A., e Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, S. A., las cuales entre octubre del 2012 y enero siguiente hicieron aportes financieros equivalentes a Q7 millones —Q5 millones por la compra de acciones y Q2 millones como caución—.
Las escrituras con las que se hacía constar la transacción de compraventa fueron entregadas el 30 de abril del 2013.
Consultado por la vía telefónica, Gonzalo Marroquín explicó que lo que se pidió fue “una exoneración de multas e intereses no pagados por los dueños anteriores”.
Agregó que él, como el entonces representante legal de Corporación de Noticias, vendió la empresa a la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales —Asodefir— de la cual Barrientos era representante legal. Negó cualquier relación con la posterior venta de acciones a allegados de la exvicepresidenta Baldetti.
La audiencia fue aplazada para hoy a las 9 horas.
Pide cambiar cheque a nombre del PP
En su declaración, Edna Maribel Berganza Colindres afirmó que en el 2011 Juan Carlos Monzón llevó un cheque por Q1 millón, el cual fue elaborado a nombre de Otto Pérez Molina, entonces candidato a la Presidencia por el Partido Patriota.
Indicó que el Tribunal Supremo Electoral rechazaba contribuciones particulares a los candidatos, por lo cual exigió el cambio del documento, para que apareciera a nombre de la organización política.
“Todos los aportes tienen un nombre de compromiso”, aseguró.
Manifestó que Monzón era quien se encontraba al frente de las actividades de recaudación, por lo cual era él quien se reunía con los financistas.
Monzón era un “extorsionista”
Julio René Barrios Ortega, directivo de la empresa Mayafert, que vendió fertilizante al Estado, calificó a Juan Carlos Monzón como un extorsionista, pues indicó que se acercó a la entidad antes de que el Partido Patriota asumiera el Gobierno y les ofreció contratos a cambio del pago de comisiones.
Aseguró que su respuesta fue un rotundo no, pues Mayafert no actuaba de esa manera, al igual que las otras cuatro firmas que se dedican a la misma tarea.
A preguntas de la Fiscalía aseveró que no se denunció a Monzón por la exigencia de pagos indebidos.
A la Cicig le respondió que atendió a Monzón porque se trataba de la persona que se encargaría del tema de fertilizante.
